La vivienda es, sin duda, el gran problema de nuestro tiempo. Acceder a un hogar digno se ha convertido en una tarea casi imposible para muchos jóvenes, familias e incluso rentas medias que hace apenas una década podían comprar con cierta normalidad. Sin embargo, en este escenario resulta especialmente llamativo que quienes más se benefician de cada operación inmobiliaria no sean los ciudadanos, sino las Administraciones públicas.
En Aragón, como en gran parte de España, la fiscalidad que recae sobre la compraventa de viviendas es extraordinariamente elevada. Entre el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, el IVA en obra nueva, los Actos Jurídicos Documentados, la plusvalía municipal y los gastos
notariales y registrales, la carga para el comprador puede superar fácilmente el 10% del valor del inmueble. Así, quien adquiere una vivienda usada de 200.000 euros debe afrontar alrededor de 20.000 euros adicionales, una cifra que no financia el banco y que debe salir de sus ahorros.
Lo paradójico es que, mientras los ciudadanos soportan esta carga, las Administraciones públicas multiplican su recaudación. En España, los ingresos tributarios asociados a la vivienda representan en torno al 3,5% del PIB —más de 50.000 millones de euros anuales—, mientras que el gasto en políticas públicas de vivienda apenas alcanza el 0,5%. Es decir, de cada cien euros que se ingresan gracias a la vivienda, apenas uno y medio se destina realmente a crear vivienda social o facilitar el acceso a ella. En comunidades como Cataluña, distintos estudios señalan que solo una cuarta parte de lo recaudado se invierte en políticas habitacionales, y si se excluyen los fondos europeos ese porcentaje cae aún más.
El resultado es evidente: cuanto más suben los precios, más recauda el Estado, pero no necesariamente más se construye, rehabilita o alquila vivienda pública. Y aquí surge la pregunta incómoda: ¿cómo confiar en que vaya a resolver el problema quien más gana con él? No parece creíble que la Administración, que obtiene beneficios directos de la subida constante de precios, impulse por sí misma una reforma estructural que reduzca su recaudación.
Si de verdad queremos afrontar la crisis habitacional, es necesario replantear el papel de la fiscalidad. Rebajar impuestos en las compraventas, vincular una parte sustancial de la recaudación a la creación de vivienda social y garantizar que los recursos se destinan de forma efectiva a aumentar la oferta deberían ser los primeros pasos. Porque la vivienda no puede seguir siendo una fuente de ingresos fácil para las arcas públicas mientras se convierte en un bien inaccesible para los ciudadanos.
La paradoja está servida: el mayor problema social de nuestra época no puede resolverse si quienes lo sufren pagan cada vez más y quienes deberían aportar soluciones son, al mismo tiempo, los principales beneficiados de que nada cambie.
