- Los analistas creen que la reforma de Bolaños es una oportunidad para abordar los grandes males del sistema, pero reconocen que hay prisas y problemas de comunicación
Lentos pero reales, la Justicia española empieza a arrojar signos de recuperación. Sin embargo, aún queda mucho para desatascar el tapón crónico de asuntos con el que tienen que lidiar los jueces y magistrados. Así lo refleja el XIX Informe del Observatorio de la Actividad de la Justicia, que publica cada año la Fundación Aranzadi LA LEY con el patrocinio del Banco Santander. El informe fue presentado este jueves en Madrid.
Según el documento, que recopila los datos del Poder Judicial con el análisis de Jurimetría, en 2024 (último año del que se disponen los datos completos) los tribunales españoles resolvieron 7.291.024 asuntos en 2024, un 13% más que el año anterior. La tasa de resolución, indicador que relaciona los asuntos que empiezan su tramitación con los resueltos, pasó de un 0,92 a un 0,95 (un valor 1 reflejaría que los jueces resuelven tantos asuntos como empiezan a estudiar).
El trabajo radiografía el sistema a través de diez marcadores clave. A diferencia de los años anteriores, destaca una práctica mejoría en la mayoría de los indicadores. Aunque los números de pleitos que aterrizan en las oficinas judiciales aún son mastodónticos. Para hacerse una idea, en el periodo analizado los jueces recibieron 7.799.166 asuntos, dieron salida a 7.291.024 y dejaron 4.518.944 casos pendientes. La tasa de congestión judicial, medidor que relaciona los casos nuevos, los pendientes y los resueltos, se situó en 1,80 (lo óptimo es 1). En 2023, el indicador se situó en 1,84.
En cuanto a la tasa de litigiosidad, que relaciona el número de pleitos por el número de habitantes, se situó en 160,13 litigios por cada 1.000 habitantes. Es una leve mejora respecto a 2023 (145,64), aunque es la más alta desde 2015. De media, los tribunales tardan en resolver un pleito 9,2 meses, según los datos que desgranó Adoración Fuentes, directora del Centro de Documentación de Aranzadi LA LEY.
Esperanzas en la reforma
Durante la presentación, Cristina Sancho, presidenta de la Fundación Aranzadi LA LEY, destacó que el Informe combina el análisis cuantitativo de la actividad judicial —a partir de datos oficiales y de la herramienta Jurimetría— con un examen cualitativo del impacto de la Ley Orgánica 1/2025. Aunque el Índice General de la Actividad Judicial refleja cierta recuperación en la capacidad resolutoria, en 2024 el sistema aún no logró resolver más asuntos de los que ingresaron, lo que evidencia la magnitud de los retos pendientes.
Posteriormente, la mesa de debate estuvo vertebrada por una pregunta inevitable: ¿será la Ley Orgánica 1/2025, conocida como Ley de Eficiencia, la solución para resolver el atasco? Los expertos no lo tienen claro, aunque coincidieron en que la reforma es prometedora y ambiciosa.
“El sistema judicial español tiene un problema serio de exceso de litigiosidad, con riesgo de sobrecarga y de colapso”, expuso Miguel Pasqual de Riquelme, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. A su juicio, ello condena al sistema a ser ineficiente, es decir, a soportar un enorme gasto y arrojar unos resultados insuficientes. “La reforma de la Ley 1/2025 coge el toro por los cuernos y afronta el problema de cara”, reconoció el jurista, quien recordó que nuestro país está en la cola en cuanto a rendimiento judicial de los países europeos. “España siempre está en los puestos dos y tres de los países de la OCDE con más litigiosidad”. Un cambio de sistema era necesario, defendió. “El problema es el calendario, que es estajanovista. En seis meses no se puede cambiar la realidad de un país. Cambia la cartelería, pero no la realidad”, reforzó el magistrado. Y apostilló: “Tenemos 11,9 jueces por cada 100.000 habitantes, mucho menos que los 17,6 de media que existe en los países del Consejo de Europea”.
Por su parte, y desde la visión de la abogacía de empresa, María Gil-Carcedo de Morales, directora de Legal Contencioso de Moeve, expresó su esperanza de que la reforma refuerce “la predictibilidad de las resoluciones”, un pilar clave para reforzar la seguridad jurídica. “Esperemos que el expediente judicial electrónico esté implantado en todos los tribunales de justicia y esté completo pronto”. La jurista ve urgente que se terminen de “automatizar todos los trámites” y que se refuerce “la interoperabilidad entre sistemas”. En su intervención puso el acento en la importancia de la digitalización. “O conseguimos aplicar las herramientas que favorezcan la coordinación o será imposible”. Y lanzó una advertencia, en base a su experiencia en la empresa privada. “La transformación digital no va de herramientas sino de procesos”. No habrá revolución digital sin un cambio de mentalidad en las personas.
Un cambio a trompicones
Con una perspectiva más cercana a los funcionarios y a los entresijos de las oficinas pública intervino Natalia Hermoso de Mena, letrada de la Administración de Justicia, que coincidió en la idea de que los funcionarios pueden ser la principal piedra en el zapato si la reforma y su rumbo no es comunicada como es debido. “Hay que cambiar la idea de funcionario de lo mío” y “recordar que somos un servicio común”. Pero es difícil cambiar el status quo sin una buena comunicación, que es justo lo que está ocurriendo. “Estamos en una primera fase en la que la gente no ve hacia dónde vamos y cuál es el sentido de la ley”. La letrada también que hay personas que no cuentan con habilidades tecnológicas. Pero la digitalización no es una opción, es “necesaria”, apostilló. “Cuando al funcionario se le enseña descubre que trabaja mejor”.
En representación de los procuradores tomó la palabra Carmen Giménez Cardona, vicedecana del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid. En su opinión, y en reacción a la multitud de críticas y resistencias que ha encontrado la reforma que comanda el ministro Félix Bolaños, “los tribunales de instancia no tienen que ser necesariamente malos”. “A pesar de las dificultades los profesionales conseguiremos que todo funcione”. Cuestión distinta “es cuánto tiempo nos tomará”, dijo después. La procuradora recordó que, hace diez años, el entonces Ministro de Justicia, Rafael Catalá, presentó la promesa de “papel cero”. El eslogan que quedó en agua de borrajas, y en los últimos días, la imagen de la mudanza de cantidades ingentes de carpetas y expedientes entre edificios (en un sistema que se suponía ya digital) está generando malestar y estupefacción. “No debería haber existido un traslado de expedientes físicos porque tendríamos que haber tenido ya implantado el sistema de expedientes electrónicos”, subrayó la procuradora, quien también puso el dedo en la falta de funcionarios. “En cada juzgado hay tres, cuatro o cinco puestos vacíos”. También mencionó el melón de los métodos adecuados de solución de conflictos (MASC). “No digo que no fuesen necesario, pero tenían que haber sido aplicados con criterios”, porque la falta de instrucciones provoca una barrera para el acceso a la Justicia del ciudadano. “Los ciudadanos están teniendo una paciencia atroz”, zanjó.
