Las tres asociaciones mayoritarias de jueces en España han saludado el anuncio la semana pasada por parte de los Ministros de Justicia e Interior de determinadas modificaciones del Código Penal al respecto de la no prescripción de los delitos graves de terrorismo, penas de alejamiento para los terroristas en libertad, nuevos tipos penales para los robos en bandas, endurecimiento de las penas para delitos sexuales contra menores, pulseras electrónicas de seguimiento del condenado una vez saldada su pena, castración química para los violadores y pederastas que lo soliciten, y la creación del registro de pederastas.
La acogida, sin embargo, vino matizada por los portavoces de las tres asociaciones, que coincidieron al pedir prudencia a la hora de abordar el proyecto del Ejecutivo. "Estas medidas, extraordinariamente positivas, completarán el sistema de justicia del que hoy disponemos y configurarán un marco legal más refinado y perfecto" -sostiene el portavoz de la APM, Antonio García-. A continuación, matizó que "habrá que ajustarse escrupulosamente a la Constitución y los derechos fundamentales, recoger todo aquello razonable, sereno y prudente que reclama la ciudadanía", pues, según reconoció él mismo, en ocasiones, la tragedia y el dolor provocados por delitos como el terrorismo o la pederastia derivan en reclamaciones sociales imposibles de asumir por un "Estado de Derecho maduro"; concluyendo que "necesitamos un Derecho Penal proporcional a la gravedad de los hechos".
Desde Jueces para la Democracia, Ignacio Espinosa entiende la necesidad de poner coto a los "fallos del sistema" judicial que se han ido evidenciando desde la última reforma del Código Penal. "Son medidas positivas que tratarán de llenar la laguna legal existente para delitos tan graves", explica Espinosa refiriéndose a las llamadas "medidas postdelictuales". El portavoz de la asociación progresista de jueces y magistrados confía en la "suma cautela" de los responsables de aplicar las propuestas concretas de la reforma prevista por el Ejecutivo, como la polémica castración química, aunque subraya que ésta es "voluntaria" y eso la exime de cualquier atisbo de autoritarismo.
Precisamente, en la individualidad de la aplicación de estas medidas insisten desde Francisco de Vitoria: "el caso de cada persona es diferente y así debe ser estudiado", en palabras de su portavoz, Lorenzo del Río. El magistrado abunda en que la iniciativa del Gobierno le parece "en principio, razonable, aunque dependerá de cómo se regule". Del Río cree que la legislación deber ir acompañada de los medios, "memoria económica incluida, y la pendiente modernización de la justicia".