- “Una caída en el 1% en la legibilidad de nuestra normativa se relacionaría con una disminución del 0’07% en la productividad por hora trabajada”
Juan S. Mora-Sanguinetti[1] es Senior Economist en la Banque de France y en el Banco de España-Eurosistema. Es abogado (colegiado en el ICAM). Es consejero académico de la Fundación FIDE, consejero científico de la Asociación Francesa de Derecho y Economía y miembro del Observatorio de la Actividad de la Justicia de la Fundación Aranzadi-La Ley. Fue economista en la OCDE (París), vicepresidente de la Asociación de Expertos Nacionales de la Abogacía TIC (ENATIC) y profesor invitado de Análisis Económico del Derecho en la UCM, en CUNEF y en la EAE.
1.- Su ponencia en el DataForum Justicia 24 se ha titulado Una «mejor regulación» para una mejor justicia y una economía más eficiente ¿Cuál es, en su opinión, el principal desafío al que se enfrentan los sistemas regulatorios actuales para garantizar una justicia y una economía más eficientes?
El principal reto al que nos enfrentamos es que la regulación española está alcanzando niveles altos de complejidad. España es un país en el que en la actualidad se publican (por el conjunto de todas las administraciones) cerca de 12 mil normas al año, es decir, alrededor de 30 normas al día, con niveles de legibilidad que se consideran técnicamente difíciles.
Una sociedad y una economía de un tamaño considerable, como la española, necesita regulación para lograr un mayor desarrollo. Pero el desafío es que esa regulación debe estar bien diseñada para que tenga los mejores efectos posibles para la justicia y la economía. Por ejemplo, una mayor “complejidad” puede afectar negativamente a la productividad de la economía.
Debemos, por tanto, plantearnos ahondar en las políticas de “mejor regulación”, de “better regulation”. Las nuevas técnicas de análisis de datos, de procesamiento de textos y del “lenguaje natural” (NPL) nos proporcionan enormes posibilidades para diseñar esas políticas en la administración pública.
2.- ¿Cuáles son las claves para lograr un equilibrio entre una regulación efectiva y el fomento de la competitividad en sectores clave de la economía sin generar cargas excesivas a las empresas o a los ciudadanos?
Las claves son lograr un cuerpo normativo de un tamaño razonable, que tenga una mejor legibilidad y que tenga una visión “de red” más fácil de utilizar.
En otras palabras, debemos actuar sobre el volumen de normas que se aprueban. Se debe cuidar la calidad lingüística de los textos normativos y, por último, se debe prestar atención a que las conexiones entre normas (las referencias normativas, que unas normas realizan a otras), estén también bien diseñadas.
Creo que es interesante ilustrar la situación actual con algunos datos. Antes se hacía referencia al volumen de normas aprobadas. Por otro lado, en cuanto a la “complejidad relacional”, en media, las normas autonómicas realizan 11 enlaces a otras normas.
Por otro lado, los indicadores de legibilidad apuntan a que la normativa autonómica es difícil de leer. A nivel técnico, estamos en el entorno de 41 puntos, si bien haría falta llegar a más de 70 puntos para que los textos se consideraran “fáciles”.
3.- ¿Cómo evalúa el impacto de las reformas regulatorias recientes en la justicia y la economía española?
Es posible evaluar el impacto con técnicas estadísticas. Creo que la mejor manera de ilustrar estos efectos es, de nuevo, con datos y resultados cuantitativos.
Una caída en el 1% en la legibilidad de nuestra normativa se relacionaría con una disminución del 0’07% en la productividad por hora trabajada.
Si medimos el volumen de normas (por sector de actividad), podemos también analizar sus consecuencias económicas. Cada aumento adicional en el índice de complejidad normativa se asocia con una caída del 0,7% en la cuota de empleo sectorial.
4.- ¿En qué posición está el sistema judicial español respecto a los de otros países de nuestro entorno en cuanto a litigiosidad, previsibilidad, congestión y tiempos de resolución judicial? ¿Cómo afectan estos datos a la economía del país?
El análisis de los datos pone de manifiesto que el sistema judicial español se encuentra en la media de los países de nuestro entorno en cuanto a la duración de sus procedimientos. Igualmente, los resultados son bastante cercanos en términos de la previsibilidad y en términos del coste de uso de la justicia.
Sin embargo, no todo son noticias que podrían resultar cómodas. Cabe señalar que los resultados a nivel desagregado (más allá de la media) muestran importantes diferencias regionales. Por otro lado, España ha mostrado un hecho diferencial en la época de la “gran recesión”: llegó a ser uno de los países más litigiosos de la OCDE (ya se mida en términos de la población o de la riqueza del país).
El (buen) funcionamiento de la justicia es esencial para el buen funcionamiento de la economía. La ineficacia judicial podría resultar en menos viviendas en alquiler (cada punto de congestión judicial detrae 3400 viviendas en alquiler en Madrid o 3100 en Barcelona). La ineficacia igualmente dificulta el emprendimiento y la inversión empresarial en España.
5.- ¿Cómo puede la regulación mejorar estas cifras para lograr una justicia y una economía más eficiente? ¿En qué fundamentos debe basarse las reformas regulatorias para conseguir este objetivo?
Hablando específicamente de justicia, la complejidad de la regulación es también relevante. Un aumento (de un 1%) en el número de enlaces (de referencias normativas) en nuestras normas se relacionaría con un aumento del 0’02% en la congestión judicial. En otras palabras, para lograr una justicia más eficaz, es también importante disponer de una regulación más sencilla.
6.- ¿Qué papel juega la innovación tecnológica en la mejora de los sistemas del sistema judicial y la eficiencia económica?
En resumen, cabe señalar que los países en los que se observan menores plazos de resolución en los procedimientos son también aquellos en que se ha invertido más en tecnología. En otras palabras, justicia y tecnología conforman un círculo virtuoso.
Siguiendo indicadores de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia, España está haciendo el máximo “esfuerzo” en la tecnificación de su sistema judicial. Este indicador de esfuerzo incluye medidas en varios frentes: disponibilidad de equipamiento tecnológico, gobernanza y un marco legislativo adecuado.
La tecnificación (y la recopilación de estadísticas) permite diseñar nuevas técnicas de gestión (como la identificación temprana de casos problemáticos) que resultan beneficiosas para reducir los tiempos de resolución.
Una buena justicia, como señalaba antes, tiene importantes propiedades (positivas) para la eficiencia económica.
[1] Sus opiniones son personales y no necesariamente coinciden con aquellas de la Banque de France, el Banco de España o el Eurosistema.
