- “La moratoria evitó un colapso inmediato de los juzgados en aquel momento crítico, pero también se generó una bolsa de concursos latentes”
- “Con el avance de la inteligencia artificial ganará valor el abogado que sea capaz de acompañar de verdad al cliente”
Fundó FILS en 2017 junto a otros socios, ¿Cómo describiría el momento actual de la compañía?
Desde que fundamos FILS en 2017, el proyecto ha evolucionado mucho, pero el núcleo sigue siendo el mismo: competencia y rigor, pero también humanidad y conexión entre abogados y clientes. Hemos dejado de ser un proyecto emergente y, a los que empezamos, se nos han unido muchos profesionales de éxito: antes de la pandemia éramos * personas en FILS; hoy ya somos *. Gracias a todo ello, somos una firma consolidada en el mercado jurídico barcelonés y, poco a poco, a nivel estatal. Seguimos, además, con interés en crecer. Todavía queremos reforzar algunas prácticas del despacho y estamos buscando la mejor manera de aumentar nuestra presencia en Madrid.
Una de las áreas que codirige es la de reestructuraciones e insolvencias. Tras la pandemia, ¿cuál es el mayor cambio que ha visto en la forma en que las empresas afrontan la insolvencia?
Por desgracia, no mucho. A nivel macro, todos sabemos que el tejido empresarial español está formado por pymes. Estas son muy reacias a cualquier solución que derive de la normativa concursal o de reestructuraciones; lo ven como un fracaso y un riesgo en vez de una oportunidad. La consecuencia: siguen llegando tarde y en esas circunstancias es muy difícil salvar el negocio. A nivel micro, en los asuntos que llevamos en el despacho sí se va notando un creciente interés por la reestructuración como mecanismo para evitar el concurso.
En materia de plazos, ¿en qué medida ha afectado la pandemia a la declaración de concurso de las empresas?
La introducción de la moratoria supuso, en la práctica, una suspensión del deber de solicitar concurso que permitió a muchas empresas ganar tiempo en un contexto de gran incertidumbre. La realidad es que ese tiempo extra no siempre se utilizó para reestructurar o corregir desequilibrios estructurales, pues en la mayoría de los casos, simplemente se pospuso la afloración de situaciones de insolvencia que ya existían. Desde esa perspectiva, la moratoria tuvo un efecto de acumulación. Se evitó un colapso inmediato de los juzgados en aquel momento crítico, pero también se generó una bolsa de concursos latentes que acabaron materializándose de forma más concentrada una vez levantadas las medidas excepcionales. Al mismo tiempo, si algo se ha demostrado es que los plazos legales, por sí solos, no resuelven el problema de fondo. Retrasar la obligación de declarar concurso puede ser útil como medida coyuntural, pero no sustituye a una reestructuración efectiva.
Desde la entrada en vigor de la Ley 16/2022, que modifica el Texto Refundido de la Ley Concursal, los planes de reestructuración parecen haberse convertido en la herramienta fundamental para anticiparse al concurso. ¿Esto ocurre de verdad en la práctica?
El creciente número de resoluciones judiciales y la consecuente consolidación de criterios interpretativos respecto de los planes de reestructuración los está dotando de mayor seguridad jurídica. Cada vez más empresas lo valoran positivamente. Sin embargo, en la práctica, el plan de reestructuración sigue siendo una solución residual en términos cuantitativos. Es un mecanismo muy poco usado en comparación con el número de empresas que acuden al concurso; por contraste, el concurso sin masa representa más del 85 % de las solicitudes de concurso (según las últimas estadísticas de Registradores disponibles). A mayores, existe una «barrera de entrada» que impide que la gran mayoría de empresas (las pymes) puedan adoptar los planes de reestructuración como mecanismo prioritario: su coste económico. La suma del coste de los actores habitualmente implicados (asesores financieros, abogados especializados, procurador y, en muchas ocasiones, el experto en reestructuración) suele ser demasiado elevada para una pyme en situación de tensión de tesorería.
Dada su experiencia… ¿Qué diría que es más difícil: negociar con los acreedores o convencer al empresario de que actúe a tiempo?
Convencer al empresario de que actúe a tiempo. Además de todo lo explicado anteriormente, hay un problema añadido: la interlocución regular con el cliente no suele estar en manos de abogados de reestructuraciones e insolvencias (por suerte). A mayores, el cliente no siempre es transparente con su situación financiera adversa, por lo que cuando el cliente llega a nuestras manos, suele ser demasiado tarde. Para evitarlo, nos estamos centrando en explicar las bondades de los planes de reestructuración a nuestros compañeros que tienen el contacto periódico con el cliente (generalmente, mercantilistas y fiscalistas) para que puedan identificar oportunidades de reestructurar en aquellos de sus clientes en los que empiecen a apreciar dificultades financieras.
¿Qué sector o sectores están hoy más tensionados en términos de insolvencia?
Según las últimas estadísticas de Registradores, destaca el sector Comercio con alrededor del 25 % de los concursos. Le siguen de cerca la construcción, la industria y las actividades profesionales. El tamaño tipo de empresa concursada suele ser pequeño: de manera consistente, más del 40 % de empresas concursadas tiene dos o menos trabajadores.
Además de su labor como abogado, también ejerce como docente. ¿Qué debería saber un futuro abogado procesalista o mercantilista hoy sobre reestructuraciones que hace cinco años no era tan importante?
Con el avance de la inteligencia artificial se producirán cambios de calado en la profesión. Es probable que el estudio de un tema para la realización de un informe jurídico pierda interés para el cliente. En cambio, el que ganará valor será aquel abogado que sea capaz de acompañar de verdad al cliente en su negocio con una visión más general; aquel que pueda detectar riesgos y oportunidades legales en cuestiones jurídicas ajenas a su práctica principal. El mercantilista (o, incluso, el fiscalista) que realiza un asesoramiento recurrente a su cliente podía sobrevivir tocando de oído el derecho de la insolvencia (incluyendo los planes de reestructuración). Tal y como lo vemos en FILS, eso ya no debería ser así: tanto el cambio tecnológico, como el viraje de la legislación actual y futura hacia los mecanismos preventivos (reestructuración) y no reactivos (concurso) obligan a todos los abogados que tienen contacto regular con sus clientes a tener un conocimiento general sobre reestructuraciones.
Para terminar con una mirada hacia el futuro, ¿cuáles cree que serán los grandes retos a los que se enfrentarán las empresas en los próximos años en cuanto a reestructuraciones e insolvencias?
En los próximos años, uno de los principales retos para las empresas será navegar en un contexto de elevada incertidumbre económica y geopolítica. Ello complica notablemente la planificación y la toma de decisiones y afecta de manera especial a las compañías con menor capacidad de maniobra financiera o comercial (otra vez, las pymes). Sirve como ejemplo claro de ello la pandemia, las posteriores subidas de tipos de interés o el incremento de precios derivado de la guerra de Ucrania.
Aunque mejorables, la normativa de reestructuraciones ya prevé mecanismos legales de respuesta. En un contexto de incertidumbre y volatilidad, la reestructuración no puede ser una reacción de última hora, sino una herramienta de gestión financiera que permita anticiparse a los riesgos y no limitarse a reaccionar a ellos cuando se han materializado.
