El Consejo de la Abogacía Catalana (CICAC), que representa los catorce Colegios de Abogados de Cataluña, ha presentado un recurso contra la Orden Ministerial que regula el pago de las tasas judiciales ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, tribunal que ésta rechazaba la petición del Colegio de Abogados de Ourense de suspenderla cautelarmente porque considera que no causa un perjuicio irreparable, y ante el cual el presidente del Consejo General de la Abogacía Española ha confirmado que presentará el lunes el recurso del Consejo contra la Ley 10/2012 que aprueba las tasas judiciales.
La abogacía catalana recurre la Orden reguladora del pago de las tasas judiciales
Tras el compromiso del PSOE para recurrir ante el Constitucional la Ley 10/2012 que comentábamos recientemente [https://www.legaltoday.com/actualidad/noticias/el-psoe-se-compromete-a-presentar-un-recurso-de-inconstitucionalidad-contra-la-ley-de-tasas-judiciales], un nuevo -e importante- colectivo se une a la "batalla" contra las tasas judiciales: el Consejo de la Abogacía Catalana (CICAC), que representa los catorce Colegios de Abogados de Cataluña, ha presentado un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la AN contra la Orden HAP/2662/2012 que regula el pago de las tasas judiciales previstas en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre.
La Abogacía catalana solicita la suspensión de la aplicación de la Orden por considerar que afecta de forma directa al derecho constitucionalmente reconocido de tutela judicial efectiva y acceso a la justicia, despreciando el Estado de Derecho', calificándola en su demanda de "inconstitucional" por considerar que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido en el artículo 24 de la Constitución.
Considera además que las tasas constituyen un "obstáculo económico insalvable para infinidad de particulares, teniendo en cuenta su elevada cuantía", y alerta del "desproporcionado efecto disuasorio" del acceso a la justicia que pueden generar las nuevas tasas "especialmente en aquellas personas con menos recursos económicos, sin llegar a beneficiarse de la asistencia jurídica gratuita".
Para la Abogacía catalana, "las tasas supondrán una limitación del derecho de acceso a la justicia, uno de los derechos más fundamentales del ciudadano", por lo que solicita la anulación de la orden ministerial que regula las tasas y, por tanto, su aplicación, por "inconstitucional".
A pesar de que se impugna precisamente la orden que regula el pago de las tasas y que la abogacía catalana pide la suspensión cautelar de la aplicación de la Orden impugnada, la Audiencia Nacional continúa requiriendo el previo pago de la tasa correspondiente, sin atender a los argumentos que pedían el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad, por lo que el Consejo de la Abogacía Catalana ha procedido a su liquidación por imperativo legal, y a su vez interponer una reclamación dirigida al Tribunal Económico Administrativo planteando la inconstitucionalidad de la Ley y reclamando la devolución de la tasa.
La Audiencia Nacional rechaza la petición de los abogados de Ourense de suspender cautelarmente la Orden HAP/2662/2012
En relación con la suspensión cautelar de la exigencia de las tasas, la Audiencia Nacional ya se ha mostrado contraria, rechazando la petición del Colegio de Abogados de Ourense, el primero en recurrir ante este organismo la Orden reguladora del pago las tasas -el 27 de diciembre-, por considerar que supondría "prejuzgar el fondo del asunto" y que esta medida "no causa para los recurrentes un perjuicio irreparable".
En el auto dictado este jueves 24 de enero [enlace al pdf adjunto], la Sala de lo Contencioso-Administrativo rechaza el incidente de suspensión cautelar, sosteniendo que, si se adoptara la suspensión de la Orden HAP/2662/2012 "se prejuzgaría la cuestión de fondo, de manera que por amparar el derecho a la efectiva tutela judicial se vulneraría otro derecho, también fundamental, como es el proceso con las garantías debidas de contradicción y prueba".
Citando doctrina del Supremo, el auto de la AN señala que "no se advierte que la aplicación de la orden impugnada comporte para la corporación recurrente la irrogación de perjuicios de difícil o imposible reparación, superiores a los que la suspensión de sus vigencia produciría al interés público", aclarando que todo ello "sin perjuicio de lo que se resuelva al enjuiciar la disposición general impugnada en la fase definitiva del proceso".
El Colegio de Ourense defiende que el "tasazo" judicial supone "una violación del derecho a la tutela judicial efectiva" del artículo 24 de la Constitución, y contraviene el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que establece que "toda persona tiene derecho a que su causa sea vista equitativa y públicamente en un plazo razonable por un tribunal independiente e imparcial".
Además denunciaba que la medida tiene carácter exclusivamente "recaudatorio" y que las tasas no se aplicarán "a partir de la capacidad económica del contribuyente" sino del "coste del servicio prestado", y ponía de manifiesto que para acceder al impreso de cobro es imprescindible disponer de un ordenador y de conexión a Internet.
El CGAE anuncia que presentará el lunes 28 su recurso contra la Ley 10/2012
Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) anunció este jueves 24, -antes de impartir en la Facultad de Derecho de la Universidad de Almería una lección magistral titulada "Iniciativas legislativas del actual gobierno. Expresa referencia a la justificación de la Ley de Tasas Judiciales"-, que el CGAE formalizaría el lunes el recurso ante la AN que ya se anunció el 30 de diciembre, afirmando que la ley impulsada por el ministro Gallardón "no respeta el derecho a la igualdad" y que cree "firmemente" en su "inconstitucionalidad", recordando que el preámbulo de la propia norma alude a una sentencia del Constitucional que establece que "si las tasas no sólo impiden, sino que obstaculizan el acceso a los tribunales, son inconstitucionales".
Carnicer explicó que "nos estamos viendo obligados a aconsejarles a los clientes que si no tienen todo el dinero asegurado no interpongan el procedimiento porque pueden perderlo definitivamente. La reclamación se va a convertir en un derecho absolutamente menospreciado y marginado por parte del Estado".
El Presidente del CGAE concluyó sus declaraciones acusando al Gobierno de "justificar de manera artificial" la Ley de Tasas mediante la supresión de 1.200 jueces sustitutos recientemente aprobada. Según Carnicer "uno de los problemas de España es la lentitud de la justicia, Gallardón la ha invocado en muchas ocasiones, ha recordado que tenemos muchos menos magistrados que la media europea y, sin embargo, toma esta decisión", preguntándose "quién entiende esto, por qué se fuerza una mayor lentitud de la justicia de forma artificial para mostrar a los españoles que hay que no hay acudir tanto a la justicia? Pregúntenlo ustedes, porque yo ya se lo he preguntado al ministro y no me ha respondido".
