- Descarta imponer sanciones disciplinarias a los jueces que participen en la huelga
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado desoír la huelga convocada por todas las asociaciones de jueces y fiscales –menos las progresistas– para los días 1, 2 y 3 de julio en contra de las reformas en materia de Justicia anunciadas por el Gobierno; y ha avisado de que no es competente para fijar los servicios mínimos. No obstante, descarta imponer sanciones disciplinarias a quienes participen en la protesta.
Fuentes del órgano de gobierno de los jueces han confirmado a Europa Press que el acuerdo ha sido adoptado por el Pleno en una sesión extraordinaria celebrada después de que el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes le pidiera que se pronunciara sobre la convocatoria de huelga.
El Pleno ha acordado comunicar a las asociaciones convocantes y al Ministerio que, tal y como ya fijó en febrero de 2009, 2012 y 2013, el ejercicio de derecho a huelga de jueces y magistrados carece de soporte normativo, «por lo que no procede tener por anunciada la convocatoria de huelga ni, al carecer el CGPJ de competencia para ello, fijar servicios mínimos».
Con todo, declara que la convocatoria de huelga no debería afectar al reparto de asuntos, a los servicios de guardia, a las decisiones urgentes de instrucción, a los procedimientos para la tutela de derechos fundamentales, a los procesos o incidentes en que intervengan personas vulnerables, a las medidas cautelarísimas, y, en general, a cualquier otra decisión judicial inaplazable o cuya demora resulte «inconciliable» con los derechos fundamentales o con la «dignidad» de un poder del Estado como es el Poder Judicial.
El departamento dirigido por Félix Bolaños instó por carta al CGPJ a tomar medidas para asegurar que se descontase la parte proporcional del sueldo a los jueces y fiscales que apoyen la huelga, según fuentes consultadas por esta agencia de noticias.
El CGPJ insiste en que, aunque el derecho a huelga está reconocido en la Constitución, no está regulado para los jueces. Fuentes del órgano sostienen que no se prevén sanciones disciplinarias a los jueces que participen en la huelga. Respecto a la deducción de sueldo de quienes se sumen a la protesta, aseguran que depende del Ministerio.
«Reparos» a la reforma de acceso a la carrera
En el marco del acuerdo, los vocales incluyen un punto en el que recuerdan que el CGPJ en su informe al anteproyecto de ley que modifica el acceso a la carrera judicial y fiscal «opuso, por unanimidad, varios reparos» al proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal en ambas carreras.
En particular, el órgano reitera el «carácter injustificado» de esta medida al considerar que no es «una exigencia derivada de la carta de emplazamiento que la Comisión Europea dirigió al Reino de España el 3 de octubre de 2024» en el marco de un procedimiento de infracción.
El CGPJ avisa de que «el proceso extraordinario de estabilización rebaja considerablemente los requisitos ordinarios para acceder a las carreras judicial y fiscal por el turno libre o por el denominado ‘cuarto turno’, menoscabando con ello el derecho fundamental a la igualdad en el acceso a las funciones públicas».
Asimismo, recalca que la estabilización de cientos de jueces y fiscales sustitutos «no pone fin a la denominada justicia interina (…) en la redacción dada a estos preceptos por el anteproyecto de ley».
En otro punto del acuerdo fijado este jueves, el CPGJ reconoce a los integrantes del Poder Judicial «los años de dedicación y esfuerzo invertidos en la superación de las pruebas de acceso a la carrera judicial, así como su profesionalidad en el ejercicio de la función jurisdiccional en situaciones no siempre favorables».
El bloque progresista, en contra de la huelga
Durante el Pleno extraordinario de este jueves, todos los vocales del bloque progresista del CGPJ –a excepción de Carlos Preciado– han defendido que «no es admisible» que «el Poder Judicial, otorgado a título individual a jueces y magistrados, se auto erija en garante de la defensa del Estado de Derecho y reclame, sin apoyo orgánico alguno, la retirada de dos procesos legislativos en tramitación».
Así consta en un documento, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se recogen todos los argumentos que han planteado sobre la convocatoria de huelga. Los nueve vocales insisten en que los jueces deben respetar el proceso legislativo de la reforma impulsa por el Gobierno estén o no de acuerdo con su contenido, «sin que sea factible» que «promuevan un movimiento de protesta que ha desbordado ampliamente los límites establecidos en su estatuto».
En este sentido, consideran que el CGPJ «ni puede mostrar su respeto por la movilización convocada, ni mucho menos su solidaridad o simpatía por esa llamada al enfrentamiento». Y reiteran que «los miembros de la carrera judicial, como integrantes de uno de los poderes del Estado, no tienen derecho a la huelga».
Sigue la tramitación
Pese a las protestas de jueces y fiscales, el Gobierno ya confirmó que seguirá adelante con la tramitación parlamentaria de las reformas del acceso a las carreras judicial y fiscal y de la propia Fiscalía.
El ministro señaló que «hay una mayoría parlamentaria a favor de modernizar la Justicia» y ha confiado en que «mañana será un consenso» porque «la ley amplía y fortalece la carrera judicial y fiscal y garantiza la independencia del Poder Judicial». Con todo, expuso su «máximo respeto a la huelga convocada, por discutibles que sean los motivos».
Sin embargo, las asociaciones convocantes entienden que las reformas anunciadas minarán la independencia judicial y, con ello, el Estado de Derecho. Entre sus principales críticas están el «riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales» y que se «va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para la formación e introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración».
Respecto a la reforma de la Fiscalía, para prepararla precisamente a la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal por la que las investigaciones penales pasarán de estar dirigidas por jueces a manos de los fiscales, las cinco asociaciones advierten de que «se quieren aumentar las competencias del fiscal general del Estado, quien, como jefe de todos los fiscales, también de los futuros fiscales de instrucción que quieren crearse, seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo» y «sin contrapesos» suficientes.
Estas asociaciones ya convocaron un paro de 10 minutos a las 12.00 horas del 11 de junio que tuvo más de un 70% de adhesión, según sus cálculos. Tras ello, realizaron consultas internas para cuantificar el apoyo de sus asociados a una futura huelga, que fue de más del 80%, lo que les ha llevado a dar este paso, si bien antes han convocado una concentración para el 28 de junio frente al Supremo.
