- Pide abordarlas desde los derechos constitucionales
El Consejo General de la Abogacía y las plataformas de mutualistas han instado este miércoles al secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, a replantear el enfoque de la respuesta que el Gobierno tiene que ofrecer para abordar la cuestión de las mutualidades para que lo haga desde la perspectiva de los derechos constitucionales.
En un encuentro celebrado en la sede del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el presidente y el vicepresidente de la Comisión de Previsión Social de la Abogacía Española, Ignacio Gally y Albert Sierra, han puesto a disposición del secretario de Estado todos los informes realizados hasta la fecha por reconocidos expertos jurídicos y académicos.
En todos ellos existe un nexo común, la referencia a los artículos 50 y 41 de la Constitución donde se recoge el derecho de todos los españoles a disponer de una pensión digna anualmente actualizada, según ha informado el Consejo General de la Abogacía.
Gally, Sierra y los representantes de las plataformas de mutualistas que les han acompañado han referenciado las manifestaciones de diferentes expertos para hacer ver al secretario de Estado que el abordaje llevado a cabo hasta ahora yerra al plantearse desde un punto de vista meramente asistencial.
Al mismo tiempo, la Abogacía ha valorado como una «estupenda oportunidad» que el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados haya llevado a la consideración de la Cámara una proposición de ley que aporte soluciones.
«Creemos que abrir la cuestión al debate parlamentario y, por tanto, al debate social, es una vía estupenda de conseguir la mejor solución posible a través del diálogo entre los partidos políticos y de éstos con la Abogacía Española y con los propios afectados», le ha explicado Gally al secretario de Estado.
Aunque la legislación excede el ámbito de competencia del secretario de Estado, el presidente de la Comisión de Previsión Social del Consejo le ha expuesto que le parece «más que oportuno que la ponencia parlamentaria que elaborará el texto de la ley escuche directamente a los expertos que han estudiado a fondo esta cuestión y que han plasmado el resultado de su reflexión en los referidos informes».
«No se entendería que un grupo de trabajo para solucionar el problema de las mutualidades no escuchase con sumo interés a quienes han dedicado más tiempo y reflexión a estudiar la cuestión. Tienen mucho que aportar, por lo que pediremos a los grupos parlamentarios su inclusión en el listado de comparecientes», ha manifestado el presidente de la Comisión de Previsión Social del Consejo.
Junto al presidente y vicepresidente de la comisión de Previsión Social han participado en la reunión Rocío Carrera, de ANAMA, María José Almodóvar, de la Plataforma Afectados por la mutualidad, y Antonio Villaluenga, del colectivo J2.
Pie de foto: Albert Sierra, vicepresidente de la Comisión de Prevención Social de la Abogacía; María José Almodóvar de la Plataforma Afectados por la Mutualidad; Ignacio Gally, presidente de la Comisión de Previsión Social de la Abogacía y Rocío Carrera, de ANAMA.
