El Consejo General de la Abogacía Española, a través de su Comisión de Igualdad presidida por Marga Cerro y su Subcomisión de Violencia presidida por Fernando Rodríguez Santocildes, ha reiterado que se opone a la concentración de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer prevista en la Ley Orgánica 1/2025 por los perjuicios que esta reorganización judicial ocasionaría a las víctimas de violencia de género.
En las enmiendas presentadas a la Ley de Acceso a la Carrera Judicial y Fiscal, la Abogacía Española ha solicitado la supresión del artículo que “permite establecer que algunas de las Secciones que integren los Tribunales de Instancia extiendan su jurisdicción a uno o varios partidos judiciales de la misma provincia, o de varias provincias limítrofes dentro del ámbito de un mismo Tribunal Superior de Justicia”.
“Esta reforma podría abrir la puerta a la centralización o concentración del conocimiento de asuntos de violencia contra la mujer a los Tribunales de Instancia de las capitales de provincia, o incluso de otras provincias limítrofes, con el efecto que ello tendría para los partidos judiciales pequeños o despoblados. Las víctimas se verían obligadas a desplazarse muchos kilómetros en momentos de especial vulnerabilidad”, asegura Marga Cerro.
En las XII Jornadas de Abogados y Abogadas de Violencia de Género, celebradas en septiembre del año pasado en Toledo ya se advirtió del riesgo de que esta reforma produzca un distanciamiento de la justicia respecto a las propias víctimas, que deberían estar en el centro del sistema de protección.
La Abogacía reclama que cualquier reforma de la planta judicial priorice la accesibilidad real, la igualdad territorial y la protección efectiva de las víctimas.
Desde la Subcomisión de Violencia sobre las mujeres de la Abogacía Española, su presidente Fernando Rodríguez Santocildes ha sido tajante: “Esta medida no solo es ineficaz, sino profundamente injusta. El derecho a una asistencia cercana y especializada no es negociable”. A su juicio, este modelo atenta contra los principios esenciales de inmediación y proximidad en los procesos judiciales de violencia de género.
El Colegio de la Abogacía de León, del que es decano Rodríguez Santocildes, ha expresado su “rotundo rechazo” a la ampliación de la jurisdicción del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de León a los partidos de Astorga, La Bañeza, Cistierna y Sahagún. La medida —prevista para finales de año— centralizaría los procedimientos en la capital provincial, dificultando la unidad de defensa letrada y afectando a los profesionales del turno de oficio de partidos judiciales más pequeños.
El Colegio de Abogados de Oviedo también ha expresado su oposición a la próxima comarcalización que obligaría a las víctimas de varios concejos a desplazarse a Gijón. Y el Colegio de Abogados de A Coruña ha interpuesto recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra los artículos 6 y 1-F del Real Decreto 422/2025, por extender la jurisdicción de Santiago a los partidos de Noia, Ribeira y Muros.
También el Consell de l’Advocacia Catalana ha expresado su rechazo a esta reforma.
