- Se ha reunido este martes por primera vez la Ponencia de la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados, que elaborará el texto definitivo que será sometido a la votación de la Comisión.
El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, se ha reunido este martes con representantes de diferentes organizaciones de afectados por las mutualidades que iniciaron la reclamación de una Pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) hace ya más de dos años.
El encuentro ha servido para manifestar la voluntad común de continuar trabajando en las acciones de reivindicación que permitan culminar la reforma legal que haga realidad la Pasarela al RETA. Este mecanismo propone permitir que los profesionales (principalmente abogados y procuradores) que hayan cotizado en mutualidades privadas puedan transitar al sistema de autónomos (RETA) y ver reconocidos sus años de cotización.
Ponencia del Congreso de los Diputados
Precisamente este martes se ha reunido por primera vez la Ponencia de la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados, que elaborará el texto definitivo que será sometido a la votación de la Comisión y, posteriormente, del Pleno.
Salvador González y los representantes de las organizaciones han señalado que esta vez sí, la reforma de la Ley de Seguridad Social encara su fase decisiva, por lo que es preciso continuar trabajando en el diálogo con los diferentes grupos parlamentarios para que el dictamen que apruebe la Comisión esté muy en sintonía con las demandas de la profesión.
«Esfuerzo para obtener el consenso»
González y los representantes de las organizaciones presentes en la reunión han mostrado su acuerdo en seguir trasladando a los grupos parlamentarios del Congreso «la necesidad de realizar un esfuerzo para obtener el consenso», acercando las posturas de sus planteamientos iniciales para solucionar un grave problema social que no debe dejar fuera a ninguno de los afectados.
Siempre bajo la premisa de que la respuesta del legislador «debe partir del reconocimiento del derecho constitucional a recibir una previsión social digna después de décadas de cotización».
