Sabíamos que llegarían en cuanto la IA se asomó al panorama empresarial, pero antes que pronto, los contratos inteligentes o smart contracts han dejado de ser una curiosidad tecnológica para convertirse en una realidad. ¿Cómo afecta a los profesionales de la abogacía? He decidido dedicar este artículo al tema porque, sin duda alguna, impacta directamente en el ámbito legal. Su uso se está extendiendo en sectores como el de los seguros, las finanzas, la logística, el inmobiliario e incluso el jurídico, prometiendo automatización, transparencia y reducción de intermediarios.

Si he captado tu atención, puede que ahora te estés formulando preguntas de este tipo: ¿cómo encaja esta innovación en el marco legal español y europeo? ¿Cuáles son sus riesgos? ¿Cómo incorporar esta tecnología en las asesorías y servicios cotidianos?  

Vayamos paso a paso, tal y como debemos ir cuando decidimos adoptar una solución innovadora, sin precipitarnos y analizando los pros y los contras.   

Los smart contract

Un smart contract es, en esencia, un programa informático que ejecuta automáticamente los términos de un acuerdo cuando se cumplen ciertas condiciones. Más que “inteligente” es una tecnología auto-ejecutable, es decir, el contrato se activa sin necesidad de intervención personal directa. Tan sólo es necesario que se cumplan las condiciones previamente definidas. Pero mejor, veamos un caso práctico.  Imaginemos un contrato de compraventa donde, al recibir un pago en criptomoneda, el sistema transfiere automáticamente la propiedad de un activo digital. En la práctica, este flujo podría ahorrar tiempo y reducir errores, pero a su vez, plantea cuestiones legales que un abogado no debe ignorar.

Ventajas y riesgos, antes de enfrentarnos a un Contrato Inteligente

Entre las ventajas destacan:

• La automatización inmediata: elimina retrasos en la ejecución.
• La transparencia y la trazabilidad: cada operación queda registrada en blockchain (tecnología basada en la criptografía). Esto la hace accesible y además, verificable.
• La reducción de intermediarios: el acuerdo se ejecuta sin necesidad de terceros. Sin duda esta ventaja constituye un importante ahorro de costes.

Aunque como ya advertía, también conlleva los siguientes riesgos:

• Rigidez contractual. Debemos ser consecuentes, al tratarse de tecnología, un error en el código puede dar lugar a la ejecución de cláusulas contrarias a la intención de las partes.
• Interpretación limitada. Los algoritmos no comprenden de matices ni de fuerzas mayores que solo las personas podemos valorar.
• Vulnerabilidades propias de la tecnología: los bugs o ciberataques podrían afectar a la ejecución.

Para visualizar esto, piensa, por ejemplo, en un smart contract para un alquiler. Si se da el caso de un incumplimiento justificado, provocado por causas externas, el sistema retendrá la fianza. Sin la intervención del profesional, el contrato cumple estrictamente el código, aunque contravenga la voluntad de las partes.

Los retos legales del Smart Contract

La validez jurídica. La ejecución automática de un smart contract no lo exime de cumplir los requisitos legales básicos. Según el Código Civil español (arts. 1254 y ss.), todo contrato requiere consentimiento, objeto y causa. Además, la firma electrónica cualificada, regulada por el Reglamento eIDAS 2, asegura la autenticidad y la integridad de documentos digitales. El abogado es quien debe garantizar que el acuerdo digital cumpla estas condiciones para ser válido.

La interpretación. El código y el texto legal pueden divergir. Entonces, ¿qué prevalece, la intención de las partes o lo que dicta el programa? En el caso de un contrato híbrido (una parte legal y otra automatizada), el abogado ejerce como traductor entre la lógica jurídica y la ejecución tecnológica.

La jurisdicción. Si el contrato se ejecuta en una red descentralizada, ¿qué legislación lo rige? Este es un desafío creciente en contratos transnacionales, donde la elección de jurisdicción y ley aplicable sigue siendo fundamental.

La responsabilidad ¿Quién responde si el contrato inteligente falla? Podría recaer en el programador, en la parte usuaria o entre ambos. Se podrían  realizar auditorías de código y así documentar la intención contractual con claridad.

Aunque los smart contracts no están prohibidos, aún carecen de una regulación directa, por lo que se debe aplicar la normativa existente y confiar en las buenas prácticas para garantizar la seguridad jurídica. Veamos cuáles podrían ser:

Buenas prácticas para el abogado

1. Contratos híbridos. Es decir, combinar cláusulas legales tradicionales con aplicaciones de ejecución automatizada (blockchain).
2. Cláusulas fallback. Se trataría de definir previamente qué ocurre si falla la ejecución automatizada.
3. Auditoría de código.  Realizar comprobaciones sobre el contrato para garantizar que cumple lo previsto y así, minimizar errores.
4. Colaboración multidisciplinar. Michos abogados cuentan con nuestra colaboración como desarrolladores tecnológicos. De este modo, es posible asegurar la correcta interpretación de la voluntad de las partes.
5. Documentación clara. Siempre puede ser útil guardar las comunicaciones, las versiones y los acuerdos previos.
6. Seguros tecnológicos. Contar con pólizas que den cobertura frente a fallos o vulnerabilidades.

El abogado del siglo XXI

Conforme avanzamos, los profesionales van adaptando sus competencias. En el caso del abogado, además de redactar cláusulas, debe interpretar flujos automáticos y colaborar con la tecnología. La integración de los smart contracts, la IA y los sistemas de automatización en los despachos es ya una realidad. Prepararse hoy significa ofrecer un asesoramiento diferencial mañana, sin olvidar que quizás una aplicación pueda ejecutar un contrato, pero solo un abogado puede garantizar que se haga justicia.