El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado la sentencia de la Audiencia de Segovia que condenó a una asesora jurídica a dos años de prisión por un delito de estafa en la tramitación de papeles para inmigrantes. Ratifica también la obligación de indemnizar con 2.000 euros a cada uno de los cuatro perjudicados. El tribunal la absolvió, no obstante, de un delito de intrusismo.
Engaño a inmigrantes en situación irregular
La sentencia del órgano provincial relata como probado que la acusada tenía una asesoría fiscal, contable y jurídica. En los meses de febrero a abril de 2021 contactó con extranjeros en situación irregular ofreciéndose como abogada, a pesar de no tener la titulación ni estar colegiada, para ayudarles con la tramitación de sus papeles.
Para ello solicitaba 2.000 euros a cambio de conseguirles trabajo e incluso llegó a empadronarles en su oficina. A cuatro de ellos les entregó contratos laborales en una misma empresa y les solicitó una autorización de residencia temporal por arraigo social que fue denegada. Según la resolución, no participó personalmente en la tramitación de los expedientes, ni por vía telemática ni presencialmente ante la Subdelegación del Gobierno, y se negó a devolver el dinero.
El tribunal razona que fue precisamente la creencia de los perjudicados de que la acusada era abogada y podía conseguir contratos reales lo que determinó que le entregasen los 2.000 euros, una cuantía que —según los magistrados— no se corresponde con unos meros servicios de gestión administrativa.
Asimismo, concluye que la acusada, proporcionando datos falsos, engañó a los perjudicados para obtener el dinero, cumpliéndose así todos los requisitos del delito de estafa previstos en los artículos 248 y 249 del Código Penal.
