- La Audiencia de Tenerife impone nueve meses de prisión al exgeneral de la Guardia Civil y al empresario y cuatro meses y medio al intermediario
La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a las tres personas juzgadas ante un jurado en la primera pieza del llamado ‘caso Mediador’ que llega a plenario, un exgeneral de la Guardia Civil, un empresario y un intermediario en negociaciones político-empresariales.
El fallo impone nueve meses de prisión al general retirado y al empresario y cuatro meses y quince días al mediador, todos ellos declarados culpables por el tribunal popular de un delito continuado de cohecho (soborno).
La sentencia de la Sección Sexta de la Audiencia tinerfeña, notificada en pasados días, declara probado que el empresario fue contactado a finales de agosto de 2020 por el intermediario, quien se presentaba como mediador con amplios contactos en el ámbito empresarial y público del archipiélago canario. El mediador se le ofreció para facilitar la obtención de contratos ventajosos para sus empresas.
En el marco de esta relación, y de común acuerdo con el general de división de la Guardia Civil, cuando sucedieron los hechos en situación de servicios especiales, se organizaron diversos encuentros con la finalidad de propiciar negocios favorables al empresario.
Según los hechos probados, entre septiembre y noviembre de 2020 el empresario realizó varias entregas de dinero en efectivo al mediador: 3.000 euros el 14 de septiembre, 3.000 euros el 22 de octubre, otros 3.000 euros el 30 de octubre, 1.500 euros el 4 de noviembre y 3.000 euros el 12 de noviembre. Las cantidades eran posteriormente repartidas entre el mediador y en general.
Además de estas entregas, el empresario abonó una comida celebrada en Madrid el 14 de septiembre de 2020 por importe de 402,90 euros, en el contexto de una reunión organizada por el intermediario. Asimismo, sufragó un viaje a Fuerteventura entre los días 23 y 25 de noviembre de 2020 para el alto mando de la Guardia Civil y su acompañante, asumiendo los gastos de vuelos, hotel y alquiler de vehículo.
Por razón de su cargo
La resolución considera acreditado que las entregas de dinero y los obsequios se realizaron en atención al cargo y a las funciones públicas que desempeñaba el general, y que este recibió las cantidades y beneficios sabiendo que le eran entregados en consideración a su posición institucional.
El tribunal concluye que el empresario actuó con la intención de corromper al alto mando, sin que le importara el resultado de dicha conducta. En el mismo sentido, declara que mediador intervino con idéntica finalidad corruptora, actuando como intermediario en la recepción y reparto de las cantidades.
Por su parte, el general, asevera el fallo, actuó con la intención de despreciar los principios que inspiran el correcto ejercicio de la función pública, sirviéndose de su cargo para la consecución de fines ilícitos.
