La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha vuelto a pronunciarse el pasado enero de 2026 sobre una de las cuestiones más relevantes en materia de conciliación, Seguridad Social e igualdad familiar: el derecho de la progenitora única en familias monoparentales a disfrutar de una ampliación de diez semanas adicionales de la prestación por nacimiento y cuidado del menor.
Lo verdaderamente significativo no es solo el contenido de una de estas resoluciones, sino el hecho de que el Alto Tribunal haya dictado varias sentencias en la misma fecha y en el mismo sentido, reiterando una doctrina que, a estas alturas, puede considerarse claramente consolidada. Entre ellas destacan la STS 502/2026, la STS 299/2026, la STS 498/2026 y la STS 499/2026, todas ellas alineadas con la jurisprudencia previa del Pleno de la Sala y con la doctrina constitucional fijada por la STC 140/2024, de 6 de noviembre.
La idea que subyace en este bloque jurisprudencial es clara: el menor nacido en una familia monoparental no puede recibir una protección inferior a la que obtendría si hubiera nacido en una familia biparental. A partir de esa premisa, el Tribunal Supremo viene reconociendo que la progenitora única tiene derecho a acumular diez semanas adicionales, equivalentes al periodo que habría correspondido al otro progenitor, con exclusión de las seis primeras semanas posteriores al parto.
De la literalidad legal al control constitucional del modelo
Durante años, la interpretación estricta del artículo 48.4 del Estatuto de los Trabajadores y del artículo 177 de la LGSS condujo a una consecuencia evidente: en las familias monoparentales, solo existía un único periodo de suspensión contractual y de prestación, sin posibilidad de añadir el que en una familia biparental correspondería al segundo progenitor.
Sin embargo, ese resultado planteaba una objeción constitucional de gran calado. El problema no radicaba solo en la posición de la persona trabajadora progenitora única, sino sobre todo en la situación del menor, que veía reducido su tiempo de cuidado respecto del dispensado a otros menores nacidos en estructuras familiares distintas. La diferencia de trato, por tanto, no podía analizarse únicamente desde la perspectiva de los derechos laborales del adulto, sino también desde la óptica de la igualdad de los hijos y de la obligación de protección integral de la infancia consagrada en el artículo 39 de la Constitución.
La STC 140/2024 fue decisiva al declarar la inconstitucionalidad de los arts. 48.4 ET y 177 LGSS en la medida en que impedían esa extensión en familias monoparentales. A partir de ahí, la jurisprudencia social del Supremo ha ido asumiendo y desplegando dicha doctrina con creciente claridad.
El valor de las sentencias de 28 de enero de 2026
Las resoluciones de 28 de enero de 2026 tienen un valor especialmente relevante porque muestran que la Sala de lo Social ya no trata esta cuestión como un debate abierto, sino como una doctrina asentada y de obligada aplicación.
La STS 502/2026 reconoce expresamente el derecho de la única progenitora a la prestación adicional de diez semanas que hubieran correspondido al otro progenitor, reiterando la doctrina de las STS del Pleno 118/2025, de 19 de febrero, y 121/2025, de 21 de febrero, ambas dictadas ya en aplicación de la STC 140/2024.
En la misma línea, la STS 299/2026 insiste en idéntica solución: reconocimiento de la prestación adicional de diez semanas a la única progenitora de una familia monoparental.
Por su parte, la STS 498/2026 se refiere al permiso por nacimiento y cuidado de menor, reconociendo el derecho a la acumulación de las semanas que hubieran correspondido al otro progenitor, y enlazando esta vez con un conjunto más amplio de resoluciones previas de 2025 que ya habían reiterado el mismo criterio.
Finalmente, la STS 499/2026 vuelve a incidir en la misma idea, hablando expresamente del reconocimiento en familias monoparentales de la ampliación de la prestación por nacimiento y cuidado del menor en diez semanas adicionales conforme a la STC 140/2024.
No estamos, por tanto, ante una sentencia aislada, sino ante una batería de resoluciones coincidentes que transmiten un mensaje inequívoco: la ampliación de diez semanas adicionales en estos supuestos constituye ya una regla jurisprudencial firme.
La cuestión clave: por qué son diez semanas y no dieciséis
Uno de los aspectos más relevantes desde el punto de vista práctico es que el Tribunal Supremo no está reconociendo una acumulación automática de la totalidad del permiso del segundo progenitor, sino solo de diez semanas.
La razón es conocida, pero conviene subrayarla. Las seis primeras semanas posteriores al parto están vinculadas de manera necesaria a la recuperación física de la madre biológica y a la protección específica derivada del alumbramiento. Por ello, ese tramo no se traslada ni se duplica en favor de la progenitora única. Lo que se acumula es el periodo restante que, en una familia biparental, habría correspondido al otro progenitor.
Este matiz es importante porque delimita el verdadero alcance de la doctrina y evita interpretaciones expansivas que ya no encajan con el criterio constitucional y jurisprudencial actualmente vigente.
Desde una perspectiva práctica, esta consolidación jurisprudencial debería tener efectos inmediatos.
Para el INSS, porque la reiteración de resoluciones estimatorias del Tribunal Supremo reduce notablemente el margen para mantener criterios denegatorios en supuestos sustancialmente idénticos.
Para las empresas, porque obliga a asumir esta realidad en la gestión de suspensiones contractuales, sustituciones, cotizaciones y planificación interna de los tiempos de ausencia.
Y para la abogacía laboralista, porque permite afrontar este tipo de reclamaciones con una base mucho más sólida. La cuestión principal parece ya superada: el derecho existe. El foco litigioso se desplaza ahora a cuestiones de aplicación concreta, efectos temporales, fechas del hecho causante o revisión de situaciones anteriores.
Más allá del impacto técnico, estas sentencias ponen de manifiesto una transformación más profunda. El sistema de permisos y prestaciones por nacimiento ya no puede interpretarse desde una estructura familiar implícitamente biparental como modelo exclusivo o neutro.
La realidad social y la exigencia constitucional obligan a adaptar la interpretación de las normas para evitar que determinadas formas de organización familiar generen un nivel inferior de protección para los menores. Y eso es precisamente lo que hace esta jurisprudencia: corregir una desigualdad material que, de mantenerse, recaería directamente sobre el tiempo de cuidado del niño o niña.
Las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo el 28 de enero de 2026 confirman que la ampliación de diez semanas adicionales en favor de la progenitora única de familias monoparentales ya no puede contemplarse como una solución excepcional o discutida, sino como una doctrina jurisprudencial consolidada, construida a partir de la STC 140/2024 y reiterada de forma uniforme por la Sala de lo Social.
La relevancia de este bloque de resoluciones reside, precisamente, en su carácter reiterativo. El Supremo no solo aplica la doctrina constitucional: la estabiliza, la refuerza y la proyecta con claridad sobre la práctica judicial y administrativa. En ese sentido, el mensaje es nítido: la protección del menor no puede verse reducida por el hecho de haber nacido en una familia monoparental.
