Las incapacidades temporales, comúnmente conocidas como “bajas médicas laborales” han sufrido un aumento considerable en los últimos 5 años pospandemia, duplicándose el número de las mismas, y alcanzando, según los datos oficiales de Seguridad Social, un nuevo máximo histórico durante el pasado año 2024 habiéndose convertido en un problema serio de viabilidad financiera tanto para la Seguridad Social, como para las empresas de nuestro país (sobre todo para las pymes).
Uno de los aspectos más preocupantes de este fenómeno es el notable aumento de las enfermedades relacionadas con la salud mental, donde destacan los trastornos de ansiedad y depresión. Entre los años 2016 y 2023, las bajas laborales por esta causa de salud mental se incrementaron en un asombroso 118%, con una duración promedio superior a 3 meses (111 días de promedio en el año 2024), convirtiéndose en la principal causa de bajas de larga duración, y siendo responsable del 20% de los procesos de incapacidad.
Todo este panorama, coincide con una importante reforma introducida por la Ley 15/2022, de 12 de julio, conocida como Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, la cual estableció que un despido durante la situación baja médica de un trabajador puede ser declarado nulo si se demuestra que la enfermedad o condición de salud del trabajador ha sido el motivo principal de la extinción del contrato.
La nulidad, a diferencia de la declaración de improcedencia (cuya indemnización está tasada por ley), puede conllevar un coste relevante para la empresa, ya que, la declaración de nulidad por un Juzgado conlleva el abono de salarios de trámite (la suma de los salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido hasta que se dicte sentencia), una posible indemnización por vulneración de derechos fundamentales y la obligada readmisión de la persona trabajadora.
Por tanto, actualmente, los trabajadores tienen un mayor blindaje ante el despido cuando se encuentran en situación de baja médica, cuestión que consideramos directamente relacionada con el aumento de bajas médicas durante estos últimos años.
La creciente facilidad con la que algunos trabajadores logran obtener las bajas médicas, sobre todo las motivadas por problemas de salud mental, cuyo diagnóstico resulta de difícil y objetivo determinación, ha exacerbado este problema.
Expertos en la materia ya han bautizado esta situación como “bajaciones”, término que se refiere a aquellas bajas médicas solicitadas sin una justificación médica real, con el fin de evitar acudir a su trabajo durante un tiempo, a veces incluso son utilizadas para la búsqueda de un nuevo empleo.
Ante esta preocupante situación, resulta conveniente pararse a analizar esta situación y comenzar a implementar medidas tendentes a atenuar el impacto socioeconómico que este fenómeno está provocando.
Es esencial que tanto las empresas como el legislador implementen medidas eficaces para frenar el absentismo. Alguna de nuestras propuestas incluye:
Fomentar entornos laboralmente saludables y emocionalmente sostenibles.
Promover un entorno de trabajo saludable implica no solo reducir la carga laboral excesiva y facilitar la conciliación y flexibilidad horaria, sino también implementar políticas activas de bienestar mental.
Asimismo, resulta fundamental formar a los mandos intermedios y responsables de RR.HH. en la detección temprana de señales de estrés o agotamiento, lo que permite actuar con eficacia antes de que surjan conflictos o bajas por salud mental.
Aplicar incentivos vinculados a la asistencia.
Aunque controvertida, la posibilidad de introducir un complemento salarial ligado a la asistencia puede funcionar en determinados contextos, siempre que se aplique de forma equitativa y sin generar presión injusta sobre trabajadores en situaciones de vulnerabilidad real.
Vigilancia ante el uso fraudulento de bajas.
Las empresas también deben tener la capacidad de reaccionar ante patrones anómalos de ausencias. Un trabajo conjunto con las Mutuas Colaboradoras en el seguimiento de determinadas bajas puede permitir una mejor detección y corrección de posibles abusos.
No obstante, las empresas no pueden cargar en solitario con el peso del absentismo. La acción normativa y presupuestaria del legislador es clave para establecer las condiciones estructurales que permitan abordar el problema de raíz, considerando relevante la consecución de iniciativas legislativas tendentes a:
Devolución de competencias a las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.
Recuperar la posibilidad de que las mutuas colaboradoras puedan emitir el alta médica en determinados supuestos permitiría agilizar el retorno de los trabajadores en condiciones seguras y controladas, evitando bajas prolongadas innecesariamente.
Revisión del complemento por incapacidad temporal.
Algunos convenios colectivos reconocen complementos que desincentivan la reincorporación temprana. Su revisión, a través de la negociación colectiva, podría favorecer un equilibrio más racional entre protección social y productividad.
Inversión en salud pública, especialmente en salud mental.
La saturación de la atención primaria y la falta de recursos en salud mental hacen que muchos diagnósticos se dilaten y que las bajas laborales se prolonguen sin justificación clínica suficiente. Una inversión decidida en servicios públicos de salud mental es hoy una urgencia inaplazable.
La salud mental en el trabajo ya no puede considerarse un asunto menor, está en juego la cuenta de resultados de nuestras empresas y la arcas públicas de la Seguridad Social. Frenar el absentismo requiere una respuesta colaborativa, consciente y decidida, motivo por el cual, empresas y legislador están llamados a actuar, no mañana, sino hoy.
