El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha recomendado a España que mejore la asistencia legal a las víctimas de violencia de género, sobre todo en el caso de las que han caído en redes de tráfico de personas o de las solicitantes de asilo.
En su revisión periódica del país, publicada este martes, el Comité de la ONU ha señalado que el acceso de las mujeres a la justicia es otra de las cuestiones preocupantes. A pesar de la existencia de tribunales especializados, el procesamiento penal de los perpetradores de violencia de género es ineficiente debido a la falta de una cultura judicial que se ajuste a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
El órgano especializado ha mostrado su preocupación por la alta tasa de feminicidios ocurridos en España y por la violencia de género que prevalece en el país pese a los esfuerzos de legislativos para crear una política de prevención y protección de las mujeres y las niñas en su territorio.
El Comité reconoce el trabajo de España para combatir la violencia contra las mujeres- y cita como ejemplo la aprobación de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que elimina la carga de la prueba de la víctima-. Sin embargo, aclara que la normativa sólo resulta en unas pocas condenas cortas y excarcelaciones de detenidos por violencia de género.
El informe también denuncia la ciberviolencia generalizada contra mujeres y niñas. Y pide a España que tome en cuenta las nuevas manifestaciones de esos ataques, como el acoso y los discursos de odio, al igual que los embates contra las mujeres de colectivos minoritarios que son objeto de discriminación, como los migrantes.
Para enfrentar esas formas de violencia, pidió a España comprometerse con la Unión Europea para la adopción de un proyecto de ley sobre inteligencia artificial que incluya medidas para mitigar y prevenir los riesgos de violencia contra las mujeres a través de internet.
Y el Comité también recomienda que se consoliden las políticas de prevención de la violencia contra la mujer, en particular reforzando la identificación de las situaciones de vulnerabilidad y la prevención de la reincidencia, además de adoptar medidas legislativas para reconocer en la ley los asesinatos sexistas y de establecer con celeridad el Observatorio del Feminicidio.
