La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, ha denunciado un día antes de que tenga lugar el acto de apertura del año judicial la situación que sufren los juzgados españoles, con un déficit de personal y un «caos informático».
El "caos" se produce en las aplicaciones informáticas de gestión procesal que no funcionan, están obsoletas e incluso descatalogadas, por lo que no tienen ni soporte técnico para su mantenimiento. Se trata en muchos casos de aplicaciones que conviven con otras más modernas de diferentes administraciones y son incompatibles entre sí.
CSI-F ha advertido en un comunicado de que "cualquier proyecto organizativo que se plantee por cualquier ministro estará condenado al fracaso más absoluto" ya que los cimientos de cualquier organización se deben asentar sobre una herramienta informática moderna, eficaz, eficiente y fiable, algo que no se produce en la actualidad.
Oposiciones "congeladas"
El sindicato ha afirmado también que "es hora" de apostar por el capital humano de la Administración de Justicia. En este sentido, ha criticado los intentos de privatizar el Registro civil y los actos de comunicación y ejecución.
En su opinión, una Administración moderna debe contar con medios personales suficientes a través de la convocatoria de procesos selectivos, los cuales llevan años "congelados".
"Pero además, debe aprovechar al máximo los recursos humanos con los que cuenta y fomentar que sus profesionales desarrollen su potencial en la gestión de este servicio público antes de tomar decisiones como la de embarcarse en la venta al por mayor de partes de la Justicia cediendo a intereses privados, prescindiendo de un personal cualificado y experto y a costa de los ciudadanos", ha añadido.
De este modo, ha enfatizado que una Administración precaria en medios materiales y personales no puede alcanzar los ratios de respuesta que el ciudadano demanda. Sólo el esfuerzo y el trabajo de todos los cuerpos de funcionarios de la Administración de Justicia, muy poco reconocido, por cierto, desde instancias políticas, evita que la situación de la Administración de Justicia no sea peor", ha concluido.