- El decano del colegio profesional que ejerce como acusación popular expresa su respeto por la presunción de inocencia de García Ortiz
El decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, ha asegurado que la decisión del Tribunal Supremo de enviar a juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, «confirma que ninguna institución, por elevada que sea, puede situarse por encima del derecho de defensa, del secreto profesional ni de las garantías procesales».
Así se ha pronunciado en un comunicado difundido este miércoles en el que expresa su «pleno respeto a la presunción de inocencia» de García Ortiz, al tiempo que ha apuntado que «será en sede de enjuiciamiento donde se depure la eventual responsabilidad penal cuyos indicios ya han quedado constatados».
Las palabras del decano del colegio profesional que ejerce como acusación popular en la causa tienen lugar después de que el martes el magistrado Ángel Hurtado dictase el auto de apertura de juicio oral contra el fiscal general por un presunto delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
En el marco de la resolución, Hurtado reclamó a García Ortiz una fianza de 150.000 euros, si bien rechazó suspenderle en el cargo, como había solicitado la acusación popular que ejerce la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
Desde el ICAM consideran que el auto por el que se envía a juicio al jefe del Ministerio Público «avala los fundamentos esenciales» de la querella que presentaron en marzo de 2024, «en defensa del secreto profesional, del derecho de defensa y de la integridad del sistema de justicia penal»; y «confirma la existencia de indicios de graves vulneraciones al derecho fundamental de defensa, pilar de nuestro ordenamiento constitucional y sistema jurídico-penal».
Según el colegio profesional, la decisión adoptada por el Supremo «refuerza el valor del secreto profesional como garantía de los ciudadanos ante el poder público, y como piedra angular del Estado de Derecho».
Así las cosas, insta a «todas las instituciones» a respetar «los límites que la ley impone al ejercicio de la función pública, incluso en sus más altas instancias, extremando el celo en la protección de los distintos resortes que el ordenamiento jurídico-penal ofrece».
Y avisa de que permanecerá «vigilante y firme» en la defensa de los principios fundamentales que rigen la abogacía y el sistema de justicia.
