- “¿Se imaginan que el régimen de visitas con los hijos o el pago de los alimentos se demora todavía más? Pues ya está sucediendo y afecta a la vida diaria de las personas”, afirma la presidenta de la AEAFA
La Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) ha trasladado hoy al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, los efectos adversos que está provocando la Ley Orgánica 1/2025, de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, especialmente en los procedimientos de Familia que afectan a niños, niñas y adolescentes. Hay que tener en cuenta que, en España, hay cerca de 40.000 divorcios y separaciones de parejas con menores cada año y unos 300.000 niños afectados por procesos judiciales (medidas paternofiliales, divorcios, separaciones, discrepancias en el ejercicio de la patria potestad…).
En la reunión, celebrada en la sede del Defensor del Pueblo, participaron la presidenta de la AEAFA, Lola López-Muelas, y los vocales Sabina Galdeano y Jesús Díaz Lorite.
Retrasos, inseguridad jurídica y desprotección de los menores
Durante el encuentro, la AEAFA trasladó a Ángel Gabilondo su profunda preocupación por la imposición de los MASC (Medios Adecuados de Solución de Controversias) como requisito previo para presentar una demanda judicial.
La obligatoriedad de acreditar un intento de negociación extrajudicial antes de interponer la demanda —incluso en medidas urgentes como las pensiones alimenticias, las custodias o el uso de la vivienda familiar—, afecta a la protección de los hijos, que quedan durante semanas o meses sin respuesta judicial a necesidades básicas.
Según explicó la presidenta de la AEAFA, Lola López-Muelas, “esta exigencia no fomenta la eficiencia ni la agilidad de la Justicia, sino que está provocando retrasos, inseguridad jurídica y, en muchos casos, una desprotección flagrante de los niños y las niñas. ¿Se imaginan que el régimen de visitas con los hijos o el pago de los alimentos se demora todavía más? Pues ya está sucediendo y afecta a la vida diaria de las personas”.
Durante la reunión, la AEAFA ha trasladado al Defensor del Pueblo algunos de los efectos perjudiciales que la aplicación de la Ley está provocando:
- Pérdida de plaza escolar, viajes, tratamientos médicos… La discrepancia de los padres respecto al cambio o elección de centro escolar, cursos en el extranjero, expedición de pasaporte, tratamientos médicos o psicológicos, prácticas religiosas, etc., entre otras, abocan a emprender un MASC. Los plazos que exige la Ley para cumplir con el requisito de procedibilidad alargan el proceso y conducen en muchas ocasiones a la pérdida de la plaza en el centro escolar, el viaje programado, el agravamiento de una enfermedad o fomentan el secuestro del menor por parte de uno de los progenitores.
- Ya no hay respuesta inmediata para garantizar los alimentos y las visitas de los hijos. Antes de la entrada en vigor de la LO 1/2025, de 2 de enero, los procesos de Familia contaban con herramientas procesales para dar una respuesta rápida a situaciones de alta conflictividad entre los progenitores. De este modo, se daba una respuesta provisional sobre quién se queda en la vivienda, cómo se organiza la custodia de los hijos, o la pensión alimenticia mientras se resuelve el divorcio o la separación. Con la entrada en vigor de la LO 1/2025, hay retrasos de varios meses para fijar una pensión de alimentos o establecer visitas con el padre o madre que no tiene la custodia.
- Desventaja de los juzgados españoles en los procesos de familia transfronterizos. En los procesos de familia con alguno de los miembros de la pareja extranjeros, la prioridad en la presentación de la demanda puede resultar determinante para fijar la jurisdicción competente. Es decir, quien interpone la demanda primero, elige el foro. La exigencia de un MASC implica la pérdida automática de la competencia de los tribunales españoles en favor de terceros países.
- Resoluciones dispares: el número de inadmisiones de demandas por no cumplir el requisito de procedibilidad empieza a ser preocupante. La disparidad de criterios interpretativos entre juzgados, letrados de la Administración de Justicia o audiencias provinciales crean confusión, desigualdad de trato y efectos negativos en la ciudadanía.
- Procedimientos más caros, El nuevo requisito de procedibilidad, lejos de reducir los costes, encarece los procedimientos de Familia al obligar a las partes a acudir a una fase previa de negociación o mediación, con la intervención de profesionales y sin garantías de éxito.
- Problemas para acceder a MASC gratuitos. A través del Formulario de Incidencias de la AEAFA, se han reportado problemas de ciudadanos usuarios del turno de oficio (justicia gratuita) para presentar demandas de divorcio por la inexistencia de MASC gratuitos.
El colapso de la Justicia no lo provocan los procesos de familia
En opinión de la AEAFA y de los expertos consultados, el colapso de los juzgados y tribunales no lo provocan los procesos de Familia, sino los procedimientos de consumo y cláusulas abusivas relacionadas con entidades financieras.
Tal como han advertido jueces y letrados de la Administración de Justicia, la verdadera solución pasa por externalizar estos litigios y otorgar competencias a Juntas Arbitrales públicas, acompañadas de sanciones administrativas para las empresas reincidentes en el uso de cláusulas nulas.
La posición de la AEAFA sobre los MASC
La abogacía de Familia es una firme defensora de los acuerdos y los métodos alternativos de resolución de conflictos. De hecho, el 80% de los divorcios en España son de mutuo acuerdo, fruto de la negociación entre los abogados especializados.
Sin embargo, la imposición generalizada y obligatoria de los MASC en todos los procesos de familia “no aporta eficiencia ni agilidad, sino que está generando retrasos y desprotección para los menores”, advierte la asociación.
Además, “no se ha producido una inversión pública suficiente en mediación ni campañas de concienciación ciudadana sobre la importancia de los acuerdos extrajudiciales”, afirma la presidenta de la AEAFA, Lola López-Muelas.
Iniciativas de la AEAFA
La Asociación Española de Abogados de Familia ha promovido diversas actuaciones para impulsar una reforma del texto legal:
- Presentación de un Derecho de Petición Colectiva ante el Congreso de los Diputados, amparado por los artículos 29 y 77 de la Constitución.
- Contactos con grupos parlamentarios en el Congreso y el Senado para introducir modificaciones en la LO 1/2025.
