- El Juzgado de Instrucción número 17 admite la histórica querella colectiva de los residentes en Tribulete, 7, en Lavapiés
El Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid ha admitido a trámite una querella colectiva e imputar por primera vez a un fondo de inversión (buitre) por un presunto delito de acoso inmobiliario y coacciones. La noticia, adelantada por la Cadena SER, señala directamente a la sociedad de inversión Elix Rental Housing por las prácticas de «mobbing» que han sufrido los vecinos del número 7 de la calle Tribulete, en el madrileño barrio de Lavapiés. Esta imputación inédita sienta un precedente fundamental y pone fin a la manera en la que, hasta ahora, operaban muchas de estas grandes empresas en el mercado de alquiler.
La decisión judicial llega tras una intensa batalla de más de un año por parte de las familias afectadas, quienes presentaron la primera querella colectiva en España contra un fondo buitre por este tipo de prácticas hostiles. El auto del juez no solo admite la denuncia presentada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, sino que inicia formalmente una investigación penal contra los presuntos responsables. Los vecinos del bloque han logrado llevar al banquillo a los gestores de la socimi (Sociedad Anónima Cotizada de Inversión Inmobiliaria), con la esperanza de que la justicia reconozca el daño moral y material sufrido.
«Hostigamiento sistemático»
Los inquilinos de Tribulete, 7, han denunciado un «hostigamiento sistemático» desde que el fondo adquirió el edificio con la intención manifiesta de expulsarlos para transformarlo en alojamiento turístico. Las coacciones y amenazas documentadas incluyen la realización de obras invasivas y sin previo aviso que afectaron a la salubridad de los hogares, cortes injustificados de suministros básicos, así como daños estructurales graves como goteras y desprendimientos de techo que ponían en riesgo la seguridad de los residentes. La estrategia era clara: hacer la vida imposible a los inquilinos de renta antigua o contrato estable para que abandonasen voluntariamente sus viviendas.
Como consecuencia de la admisión a trámite de la querella, el próximo 19 de febrero se ha fijado una fecha clave en el proceso. En esa jornada, declararán en calidad de investigados tanto la propia sociedad, Elix Rental Housing, como el arquitecto responsable del proyecto y el jefe de obra del inmueble. Pese al avance judicial, los vecinos han manifestado estar esperanzados por el reconocimiento de su lucha, aunque recuerdan que la situación habitacional en el edificio, y el desgaste emocional, sigue siendo muy difícil tras tanto tiempo de resistencia vecinal frente al gigante inmobiliario.
Este procedimiento judicial pionero en Lavapiés va más allá de un único edificio; se erige como un espejo y un impulso para otras comunidades de vecinos en Madrid y el resto del Estado que se enfrentan a estrategias similares. La imputación de un fondo buitre por la vía penal abre una nueva puerta legal para defender el derecho a la vivienda y refuerza la capacidad de acción colectiva de los inquilinos. El caso Tribulete 7 se consolida así como un símbolo de resistencia que busca sentar jurisprudencia en la defensa del derecho fundamental a la vivienda digna.
