La Asociación de Fiscales (AF) ha pedido a la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, que «haga público el decreto por el que acuerda el reingreso» de Álvaro García Ortiz -su predecesor en el cargo- a la carrera fiscal, al entender que esa decisión es «de interés general» y «trasciende al régimen propio» del Ministerio Público.
En una carta remitida a Peramato, recogida por Europa Press, la asociación mayoritaria asegura que «el decreto dictado debe contener la motivación propia de toda resolución, sea esta judicial o administrativa, exigencia acentuada cuando se toman decisiones discrecionales dado que es la única forma de excluir la arbitrariedad«.
«Y debe ser una motivación que atienda a la entidad del delito cometido, es decir, a la trascendencia del mismo que en este caso es pluridimensional. Su importancia deriva no solo de la infracción del ordenamiento jurídico por quien tenía la obligación funcional y de origen constitucional de preservarlo, quebrantando el deber de reserva de datos conocidos en el ejercicio de sus funciones, con ser ello grave», añade.
Estudio del concepto delito doloso
Según la AF, éste «además ha laminado la credibilidad del Ministerio Fiscal y la confianza de los ciudadanos» en la Fiscalía. «Para sanar estas heridas» y «para emprender esa nueva andadura» a la que Peramato aludió en la reunión que mantuvo con las asociaciones de fiscales el pasado lunes, la AF incide en que es necesario publicar el decreto.
La nota destaca que, al día siguiente de ese encuentro, «numerosos medios de comunicación se hicieron eco» del decreto que acordaba el reingreso de García Ortiz a la carrera fiscal, así como su adscripción a la sección de lo Social de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Cabe recordar que García Ortiz fue condenado a dos años de inhabilitación únicamente para el cargo de fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos.
Así, la AF explica que «la noticia no fue desmentida por la Fiscalía General del Estado» ni por la propia Peramato. «Entendimos que durante el día de ayer tal decreto se haría público por referirse a una cuestión no solo de enorme trascendencia mediática por ser de interés público, sino porque además las noticias publicadas se refieren a una doctrina jurídica que sería de aplicación general a todos los miembros del Ministerio Fiscal«, añade.
«Hemos podido conocer por la prensa que se ha llevado a cabo un estudio del alcance del concepto delito doloso por la inspección fiscal para determinar si la condena de García Ortiz, producida por sentencia de 9 de diciembre de 2025 y en aplicación de lo dispuesto en el Estatuto del Ministerio Fiscal así como en el reglamento, conlleva o no la pérdida de su condición de fiscal«, añade.
La asociación supone que, «dado que esta es la forma reglada, que ese estudio cristalizó en una propuesta de resolución y que sobre la base de tales actuaciones» Peramato «dictó el decreto de reingreso y adscripción«.
