- La ministra de Juventud e Infancia ha recalcado que la ONU viene demandando a España desde el año 2018
El Ministerio de Juventud e Infancia quiere prohibir la participación y la asistencia de menores a actividades, eventos o espectáculos en los que se «ejerza violencia contra los animales», como los espectáculos taurinos o la caza, a través de la ampliación de la Ley de Protección de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI).
Así lo han señalado fuentes del departamento que dirige Sira Rego, después de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) instara de nuevo a España a impedir la participación de menores en espectáculos taurinos y caza, durante el examen de España por parte del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, en Ginebra.
«Niñas, niños y adolescentes no podrán participar ni asistir a eventos donde se ejerza violencia contra los animales, como las corridas de toros. Así lo contempla la ampliación de la LOPIVI que proponemos desde el Ministerio de Juventud e Infancia», ha afirmado Rego en un comentario en redes sociales, recogida por Europa Press.
Según la ministra de Infancia, con esta medida España cumple «con lo que la ONU viene demandando a España desde el año 2018». «La pasada semana tuve ocasión de exponer ante el Comité de Derechos del Niño que esta reforma es imprescindible para avanzar en la garantía de los derechos de la infancia y la adolescencia», ha señalado.
El Ministerio ha destacado que, recientemente, en el VII Examen del CDN a España, varios miembros de este organismo preguntaron a la delegación española, encabeza por la ministra Sira Rego, sobre esta reclamación y Rego informó al Comité sobre la incorporación de esta prohibición en la propuesta para ampliar la LOPIVI.
Además, ha explicado que, según contempla la exposición de motivos de la norma, «las actividades en las que esté presente la violencia conllevan riesgos significativos para la vida y la integridad física y psíquica, que puede afectar especialmente a las personas menores de edad».
Faltan las aportaciones del Ministerio de Justicia
En este sentido, ha destacado que, «en cuanto a los riesgos psicológicos, la exposición temprana a la violencia puede desensibilizar a las personas menores de edad frente al sufrimiento ajeno, afectando negativamente el desarrollo de la empatía, normalizando la violencia como una forma de entretenimiento, influenciando la percepción de las personas menores de edad sobre la resolución de conflictos y el uso de la fuerza, con efectos duraderos en su bienestar emocional».
Juventud e Infancia ha indicado, asimismo, que presentó este texto completo, hace ya varias semanas, a los ministerios que implica la reforma. En varias ocasiones, Rego ha asegurado que la reforma «está lista, a falta únicamente de las últimas aportaciones del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes«, para su aprobación en Consejo de Ministros.
Por otro lado, el Ministerio ha apuntado que el texto propuesto «pretende reforzar la prevención de las violencias contra la infancia y el acompañamiento y la reparación de los niños, niñas y adolescentes que la sufren».
Aspectos importantes de la ampliación de la LOPIVI
Entre los puntos más destacados de la ampliación, se encuentran la obligatoriedad de escuchar a los menores en los procesos judiciales que les afecten, independientemente de su edad (establecida, en la actualidad, a partir de los doce años).
Asimismo, se prevé la ampliación en diez años la prescripción de los delitos sexuales contra la infancia, de modo que el plazo de prescripción, que actualmente empieza a contar cuando la víctima cumple 35 años, no lo hará hasta que se cumpla 45.
Del mismo modo, Juventud ha puesto de relieve que se recoge la incorporación de la violencia de género al listado de delitos que impiden el ejercicio de profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con personas menores de edad.
Finalmente, otro aspecto relevante de la norma es el reconocimiento de la violencia institucional, que sería recogida por primera vez en una ley de ámbito estatal. Según Rego, esto supone que «toda omisión, retraso o práctica que comprometa la protección de las personas menores de edad sea identificada, investigada y reparada».
