El ministro de Justicia, Rafael Catalá, avanzó este martes en el Senado que los pasos dados en los últimos días y el trabajo desarrollado permiten identificar «un cierto nivel de acuerdo y consenso» entre los distintos partidos para avanzar en la reforma de la Justicia.
Catalá puso de manifiesto las conversaciones mantenidas para revisar el sistema de tasas judiciales para adaptarlo a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anuló, por su excesiva cuantía, las que deben pagar las personas jurídicas. También se ha referido al pacto contra la violencia de género o la creación en el Congreso de la subcomisión destinada a impulsar las reformas de la Justicia.
El ministro incidió en que estos pasos evidencian que el compromiso de impulsar reformas y hacerlo desde el consenso y el diálogo son "serio y urgente". En su comparecencia ante la Comisión de Justicia de la cámara alta, expuso las líneas básicas del programa que pretende implantar durante la legislatura e incidido en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en la que se traspasará a la Fiscalía la instrucción.
Se refirió así al reto de conseguir una Justicia más ágil y ha adelantado que además de los cambios referentes al Ministerio Público –que dejarán en manos de la judicatura la garantías del proceso y el enjuiciamiento– la reforma normativa estará destinada a acortar los plazos y agilizar las comparecencias de testigos e investigados.
Así, destacó que las modificaciones intentarán mejorar la fase de ejecución de sentencias y las notificaciones. También cambiarán las suspensiones por incomparecencias.
Registro civil, en julio
El ministro avanzó también en el Senado que prevé poner en marcha en próximo mes de julio una nueva gestión del Registro Civil en la que se cumpla con la obligación de desjudicializarlo.
Catalá garantizó que el nuevo registro será público y gratuito y desvelado que el sistema se presentará en la primera Conferencia Sectorial con las Comunidades Autónomas, una vez se decida qué profesionales se ocuparán de ello.
Respecto a la colaboración con las CC AA, el ministro apuesta por una utilización "más eficiente de los recursos públicos de la financiación autonómica" además de apostar por una lucha eficaz contra la corrupción que contará con refuerzos sustanciaciones como el recorte de los aforamientos y la regulación de la labor de los 'lobbys'.
