El Gobierno ha aprobado un Real Decreto-ley por el que se transponen seis directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario y sobre el desplazamiento de trabajadores. El objetivo es cumplir la obligación que tienen los Estados miembros de transponer las directivas comunitarias en un plazo determinado. El Real Decreto-ley afecta a diversos aspectos de la normativa sobre sistemas de pago y liquidación de valores, la defensa de la competencia, los derechos de los consumidores, el desplazamiento de los trabajadores, los tejidos y células para uso humano y la Ley de Enjuiciamiento Civil.
La norma es el Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo, por el que se transponen directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre el desplazamiento de trabajadores.
La transposición en plazo de directivas de la Unión Europea constituye en la actualidad uno de los objetivos prioritarios establecidos por el Consejo Europeo. La Comisión Europea somete informes periódicos al Consejo de Competitividad, a los que se les da un alto valor político en cuanto que sirven para medir la eficacia y la credibilidad de los Estados miembros en la puesta en práctica del mercado interior.
Sector financiero
En el Título I del Real Decreto-ley se contienen las modificaciones normativas que transponen Directivas comunitarias relacionadas con el sistema financiero. El texto recoge la transposición de la Directiva europea que establece los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores se admiten a negociación en un mercado regulado. La modificación introduce la potestad de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de suspender el ejercicio de los derechos de voto asociados a los instrumentos financieros que se hayan adquirido sin cumplir con las correspondientes obligaciones de comunicación.
Infracciones del derecho de la competencia
El Real Decreto-ley transpone una Directiva comunitaria del 26 de noviembre de 2014 que establecía determinadas normas por las que se rigen, en virtud del Derecho nacional, las acciones de daños resultantes de las infracciones del derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea.
En primer lugar, la Directiva europea homologa las legislaciones de los Estados miembros con el objetivo de evitar posibilidades de éxito dispares de las acciones de daños en función del lugar de residencia del reclamante o del país donde se realice la reclamación. En segundo lugar, facilita las reclamaciones de las víctimas de las prácticas anticompetitivas. Finalmente, presenta un efecto positivo sobre la competencia, al coadyuvar a la consecución de una competencia real y efectiva en toda la Unión Europea, sin barreras directas o indirectas a la misma.
El Real Decreto-ley introduce, en la Ley de Defensa de la Competencia del 3 de julio de 2007, un nuevo título relativo a la compensación de los daños causados por las prácticas restrictivas de la competencia. Recoge las previsiones de la mencionada Directiva con el objetivo de garantizar que los daños sufridos por sujetos (ya sean empresas o consumidores) como consecuencia de dichas prácticas anticompetitivas sean efectivamente resarcidos.
Desplazamiento de trabajadores
En este caso, la Directiva transpuesta, del 15 de mayo de 2014, hace referencia a la garantía de cumplimiento de otra Directiva de 1996 sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios. La norma persigue garantizar un nivel apropiado de protección de los derechos de los trabajadores desplazados para la prestación de servicios transfronterizos, al tiempo que se facilita ejercicio de la libre prestación de servicios a las empresas y se promueve un clima de competencia leal dentro de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo.
Consumidores
El Real Decreto-ley modifica, a través de la disposición final primera, el texto refundido para la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, con el objeto de dar nueva redacción a dos apartados para dar inmediata respuesta al Proyecto Piloto abierto al Reino de España como consecuencia de la inadecuada transposición de dos artículos de una Directiva comunitaria de 2011 sobre los derechos de los consumidores. De este modo, se da cumplimiento a los compromisos adquiridos con la Comisión Europea.
Código único europeo para la donación de células y tejidos humanos
Por último, el Real Decreto-ley hoy aprobado recoge, igualmente, la trasposición al ordenamiento jurídico español de dos Directivas Comunitarias de 2015 que afectan a diferentes aspectos de las normas de calidad y seguridad de los tejidos y células para uso humano.
La trasposición garantiza la aplicación del código único europeo, que proporciona información sobre el donante y el producto, en todos los establecimientos de tejidos, incluidos los que se dedican a la importación. Su objetivo es reforzar la trazabilidad de las células y tejidos humanos desde el donante al receptor y viceversa, mediante el establecimiento de una serie de requisitos técnicos para su codificación.
