El Ejecutivo dio el visto bueno el pasado viernes a un Real Decreto por el que se crea la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios sociales en la contratación pública. Según justifica el Ejecutivo, esta Comisión Interministerial va a permitir una actuación coordinada del sector público estatal en las actuaciones de incorporación de criterios sociales en la contratación.
Este órgano se constituye en el marco de la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas europeas que establecen el nuevo marco jurídico en materia de contratación. Esta ley plantea la condición de la contratación pública como instrumento para establecer estrategias de carácter social.
Los criterios sociales en el articulado de la LCSP
A este respecto cabe recordar que el artículo 1.3 de la LCSP hace una mención expresa a los criterios sociales de la contratación pública: "En toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales siempre que guarde relación con el objeto del contrato, en la convicción de que su inclusión proporciona una mejor relación calidad-precio en la prestación contractual, así como una mayor y mejor eficiencia en la utilización de los fondos públicos. Igualmente se facilitará el acceso a la contratación pública de las pequeñas y medianas empresas, así como de las empresas de economía social".
A mayor abundamiento, el artículo 147 (criterios de desempate), establece en su apartado 2 que, en el supuesto de "empate entre varias ofertas tras la aplicación de los criterios de adjudicación del contrato se resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas". Entre otros, cita criterios como el mayor porcentaje de mujeres o de trabajadores en la plantilla con discapacidad o en situación de exclusión social, así como el menor porcentaje de contratos temporales. En caso de "que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate", se procederá a un sorteo.
Según informó el Ejecutivo, el objetivo de esta Comisión "es seguir avanzando hacia una contratación pública socialmente más responsable, que promueva mayores oportunidades de inclusión social, de accesibilidad y un mayor el cumplimiento de los derechos laborales y sociales de los trabajadores". Para ello, añade, "se prevé la incorporación de criterios sociales en la contratación pública que incentiven a las empresas a desarrollar una gestión socialmente responsable".
Análisis, aplicación y seguimiento de cláusulas sociales
En esta Comisión, que estará adscrita al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, estarán representados todos los Ministerios, además del Consejo Nacional de la Discapacidad y la Comisión para el Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector.
Sus funciones serán el análisis, aplicación y seguimiento de las cláusulas sociales en la contratación pública. Para ello, la Comisión podrá elaborar propuestas y recomendaciones, que a su vez se podrán al Consejo de Ministros, así como informes, estudios o guías de aplicación.
Además, la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios sociales en la contratación pública podrá colaborar con expertos, interlocutores sociales, entidades y organizaciones públicas y privadas.
