En la ciudad de Nápoles, y tal y como Berlusconi tenía previsto a pesar de la oposición del Presidente de la República Giorgio Napolitano, Alianza Nacional, Italia de los Valores, el cardenal Renato Raffaele Martino, presidente del Consejo Pontificio Justicia y Paz, Cáritas y las iglesias protestantes, hoy se aprobará el Decreto Ley que regulará con extraordinaria severidad la inmigración ilegal en Italia. La semana pasada hubo también un cruce de reproches con María Teresa Fernández de la Vega.
A favor, el clamor popular de un país que está sufriendo una oleada de delincuencia desconocida hasta ahora en casi todos los puntos del país.
El decreto contempla la expulsión de un extranjero cuando ha sido condenado a una pena superior a dos años, aumento de la pena en un tercio cuando quien comete el delito es un clandestino, la fijación de la permanencia máxima en centros de acogida en 18 meses, la tipificación de la conducta de alquilar una casa a un ilegal, que puede ser condenado a una pena que va de tres a seis años y multas de entre 100 y 150.000 euros, y el endurecimiento de plazos para la adquisición de la ciudadanía italiana para el cónyuge extranjero -que ahora era de seis meses y a partir de ahora serán necesarios dos años de residencia legal-.
Por último, y como medida más impopular para la colonia de inmigrantes, la reinstauración del delito de inmigración clandestina, con penas que van de los seis meses a los cuatro años de cárcel.
La inclusión de este delito viene de la mano del controvertido ministro de Interior, Roberto Maroni, del partido Liga Norte, asentado principalmente en las regiones de Lombardía, a la cual pertenece Milán, y Piamonte, región de Turín. Maroni ha alegado que este delito ya existe en otros países de la UE, como Francia y Alemania. El nuevo alcalde de Roma, el conservador Gianni Alemanno, a favor de todas las medidas, ha asegurado que el Decreto será muy útil para todos, inmigrantes y nacionales, y que lo único que hay que hacer es dotarlo con los recursos adecuados. Alemanno ha asegurado que no se buscar discriminar a nadie y que sólo se trata de medidas de legalidad y solidaridad; y salir al paso de los últimos acontecimientos.