El alcalde de Barcelona y la Fiscal Superior de Cataluña han firmado un acuerdo para la actuación coordinada de Ayuntamiento y Fiscalía ante indicios de acoso inmobiliario. Fernando Rodríguez Rey, el fiscal designado, ha manifestado que previo a la firma de este acuerdo ya se estaba llevando a cabo de facto, dado que el Ayuntamiento colaboraba activamente en el esclarecimiento de estos supuestos. El acoso inmobiliario no está contemplado en el Código Penal. Deberá tipificarse, por lo tanto, en un delito contra la integridad moral o delito de coacción.
Según el documento de la firma, la nueva fiscalía barcelonesa deberá actuar de un modo conjunto y en comunicación con las oficinas municipales de vivienda de Barcelona. El Ministerio Público deberá analizar los escritos presentados ante esta instancia municipal, instruir las diligencias y presentar ante los tribunales los casos que considere constitutivos de ilícito penal de acoso.
El Ayuntamiento, por su parte, instalará una red de oficinas de vivienda, en número de una por cada distrito, donde se recogerán los documentos que sostengan las posibles conductas delictivas.
Se incluye la creación de una comisión mixta, con representantes del ayuntamiento y el fiscal asignado, quienes se reunirán como mínimo una vez al mes para el análisis de la tipicidad e incoación o no de las conductas puestas en conocimiento de las oficinas municipales de los ciudadanos.