Un total de ocho comunidades autónomas han presentado decenas de recursos judiciales contra la Asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC), siete meses antes de su implantación, centrados en la denegación de al admisión de conciencia y en el rechazo de los decretos autonómicos que desarrollan dicha asignatura, según informó hoy la Asesoría Jurídica Profesionales por la Ética. Estos recursos se unen a las más de 27.000 objeciones presentadas en toda España.
Según el coordinador de Profesionales por la Ética, José Luis Bazán, "el máximo órgano judicial debe entender que la libertad, o se tutela en el caso concreto, o se trata simplemente de un vacío nombre. Si la imparcialidad judicial triunfa en España, Educación para la Ciudadanía caerá. Si no, siempre nos quedará Estrasburgo".
En la comunidad autónoma de Andalucía se han presentado 28 Recursos contencioso-administrativos contra la denegación de la objeción de conciencia y 9 recursos contra el currículo autonómico de EpC. Por el momento están pendientes de dictarse dos nuevas sentencias. Una de ellas resolverá sobre los recursos contra la denegación de la objeción de conciencia; otra, sobre los recursos interpuestos contra el currículo que desarrolla la asignatura en la comunidad andaluza.
En Aragón se han dictado dos sentencias hasta el momento. Ambas aseguran que "no se puede constatar la existencia de vulneración del derecho a la objeción" invocado en los recursos. Según Profesionales por la Ética, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón "se inhibió tras haber resuelto el director de un IES en lugar de la consejería". Por este motivo, los padres recurrirán las sentencias. Además, se presentarán en breve al menos cinco recursos más por denegación del derecho a la objeción en Aragón.
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha dictado 23 sentencias de alumnos de ESO de la cuáles 8 ya han sido recurridas ante el Tribunal Supremo. El resto está pendiente de ser recurrida y otros cuatro recursos están pendientes de sentencia. También se ha iniciado una segunda fase de 15 recursos contra inadmisiones de objeción de alumnos de Infantil y Primaria que afectan a 25 padres.
CATALUÑA, NAVARRA Y PAÍS VASCO
En Cataluña hay un recurso Contencioso-Administrativo ordinario contra los Decretos de EpC de la Generalitat interpuesto por e-Cristians, Juristes Cristians de Catalunya, la Fundación Abat Oliba y Manel Silva, al que se han adherido unos 1500 padres. Por el momento se ha dictado un Auto denegando la suspensión cautelar y demás medidas cautelares solicitadas por los recurrentes, pero no se ha dictado sentencia.
Además, hay cuatro recursos interpuestos por siete padres contra la denegación de objeción y el Auto dictado en todos ellos es de "inadmisibilidad por inadecuación del Procedimiento". A éstos se unen cuatro recursos Contencioso-Administrativos interpuestos por ocho padres contra actos denegatorios de objeción, pero todavía no han sido resueltos.
Por su parte, la Plataforma Navarra Educa en Libertad presentó hace dos semanas un recurso contencioso en nombre de varias decenas de padres ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y próximamente se presentará otro recurso contencioso.
El País Vasco 14 padres han presentado un recurso contencioso-administrativo contra el Decreto Vasco de Educación Básica. Ha sido admitido a trámite por el TSJ del País Vasco. Otro recurso contencioso administrativo ordinario ha sido presentado por 341 padres guipuzcoanos. Asimismo, Navarra ha presentado un recurso contencioso administrativo por considerar que el Decreto del País Vasco, que educa en "perspectiva de Euskal Herria" constituye una "agresión a la identidad de la Comunidad Foral".
Otras comunidades que también presentarán recursos contenciosos en breve por denegación del derecho a la objeción serán Cantabria y Extremadura.
