El Consejo de Ministros en funciones autorizó ayer la celebración del contrato centralizado para la prestación de los servicios postales de notificaciones administrativas y judiciales en papel para los ministerios, entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y organismos del sector público estatal. El de ayer fue el último Consejo de Ministros antes del periodo estival y el primero del Ejecutivo en funciones tras las elecciones del pasado 23 de julio.
Dentro de los servicios postales, los servicios de notificaciones administrativas y judiciales incluyen aquellos envíos que se utilizan para comunicar actos o resoluciones administrativas y judiciales y en los que las administraciones tienen establecido normativamente un procedimiento tasado, con requisitos específicos para los intentos de entrega, que deben gozar de garantía de veracidad y fehaciencia.
El ámbito subjetivo del contrato incluye aquellas entidades del Sector Público Estatal que requieren estos servicios para su gestión ordinaria (ministerios, organismos, agencias, servicios comunes y entidades gestoras de la Seguridad Social).
El presupuesto de licitación del contrato, IVA incluido, en función de los envíos estimados para el periodo de 36 meses es de 445.179.053,52 euros.
El contrato centralizado de notificaciones da continuidad al suscrito en 2020, y que se encuentra actualmente en vigor hasta el próximo 30 de noviembre de 2023.
Incremento de plazas en el Grado de Medicina en universidades públicas
Por otra parte, el Consejo de Ministros también informó ayer de que ha regulado la concesión directa de subvenciones por valor de 52 millones de euros para financiar el incremento de 706 plazas de Grado de Medicina en universidades públicas en el curso 2023-2024.
La ampliación responde a la necesidad de médicos especialistas reflejada en un informe que el Ministerio de Sanidad publicó en marzo de 2021 con horizonte temporal 2021-2035. En este informe se constata una insuficiencia del número de estudiantes egresados de las facultades de medicina en relación con la oferta de plazas de formación sanitaria especializada y con las necesidades de algunas especialidades, como es el caso de la medicina familiar y comunitaria.
