El Gobierno aprobó un Real Decreto, con carácter retroactivo, sobre revalorización y complementos de pensiones de clases pasivas derivadas de actos terroristas con el fin de "facilitar" su prestación a los familiares de los dos guardias civiles asesinados por ETA en Capbreton (Francia) en diciembre de 2007, Fernando Trapero y Raúl Centeno.
En rueda de prensa al término del Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, explicó que el Real Decreto que existía con anterioridad establecía "un tope" que no permitía que los familiares de Trapero y Centeno pudieran acceder a esta pensión. "Es una decisión justa y necesaria", subrayó.
De este modo, afirmó que el Gobierno "soluciona un problema" y "facilita el acceso" de los familiares de los guardias civiles víctimas del atentado de Capbreton a la percepción de una pensión de clases pasivas. El Real Decreto aprobado hoy modifica con carácter retroactivo el del 8 de enero de 1993 sobre revalorización y complementos de pensiones de clases pasivas.
La vicepresidenta quiso "trasladar" a los familiares de los guardias civiles "el cariño y el apoyo del Gobierno". "Un Gobierno que siempre ha estado y que seguirá estando al lado de las víctimas del terrorismo y, por supuesto, junto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", señaló.
REQUISITO "EXCESIVO"
El Gobierno informó de que las pensiones de clases pasivas derivadas de actos terroristas tienen una regulación especial en el ordenamiento jurídico español, al margen de la legislación ordinaria en la materia.
Así, el Ejecutivo subrayó que respecto al requisito de la dependencia económica de los familiares se ha seguido manteniendo el criterio fijado en la normativa general de clases pasivas, que establece que para que los familiares puedan ser beneficiarios de pensiones habrán de acreditar su dependencia económica del causante.
Sin embargo, para el Gobierno, dicho requisito "resulta excesivo" cuando el causante ha sido víctima de un acto terrorista en acto de servicio o como consecuencia del mismo, como es el caso de los dos guardias civiles asesinados por ETA en diciembre de 2007.
Por ello, el Ejecutivo incrementa "en un cien por cien" los límites que determinan la existencia de una dependencia económica de los familiares a efectos de la percepción de una pensión de clases pasivas derivada de actos terroristas.
Tal y como señaló De la Vega, lo dispuesto en este Real Decreto se aplicará a los hechos producidos con anterioridad a su entrada en vigor, aunque surtirá efecto a partir del 1 de enero de 2008.
El Ejecutivo informó al respecto de que las solicitudes presentadas con anterioridad a su entrada en vigor y desestimadas por falta de concurrencia de dependencia económica del causante serán revisadas de oficio y quienes no hubiesen presentado solicitud dispondrán del plazo de un año para formularla.
No decaerán en su derecho quienes no hubiesen presentado la solicitud en el plazo indicado, si bien los efectos económicos se producirán desde el primer día del mes siguiente a la solicitud, según indicó el Gobierno.
