El BOE del pasado sábado publicó el Real Decreto-ley 17/2019, de 22 de noviembre. Mediante esta norma "se adoptan medidas urgentes para la necesaria adaptación de parámetros retributivos que afectan al sistema eléctrico y por el que se da respuesta al proceso de cese de actividad de centrales térmicas de generación". El RD-ley fue recibió un día antes el visto bueno del Consejo de Ministros.
Según informó el Ejecutivo, RD-ley tiene por objeto impulsar la reactivación industrial en las zonas afectadas por dicho cese, "fruto de la situación de emergencia climática" y para que "el sistema energético español sea neutro en emisiones". Todo ello se enmarca en el horizonte de alcanzar los objetivos planteados en el Marco Estratégico de Energía y Clima.
Así, el Real Decreto- ley fija el valor de la rentabilidad razonable para instalaciones renovables, cogeneración y residuos, y establece medidas para aprovechar los recursos tanto de acceso a la red como hídricos asociados a las centrales térmicas en proceso de cierre para asegurar que se crea actividad y empleo de calidad en las zonas en transición.
La ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, afirmó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que esta nueva regulación pretende "recuperar la confianza de los inversores en energías renovables" que se vieron afectados por la reforma del sector en el año 2013. En aquel momento, explicó, el cambio en las premisas de rentabilidad y de retribución sobre las que los inversores habían hechos sus cálculos iniciales "redujo enormemente las previsiones de recuperación de la inversión previa y provocó una enorme conflictividad".
Ayudas condicionadas a los procesos judiciales
En concreto, el RD-ley permite a estos inversores con instalaciones anteriores a 2013 mantener hasta el año 2031 la rentabilidad actual por sus instalaciones en el 7,39 %, siempre que renuncien a percibir las compensaciones aprobadas a su favor o desistan de los procesos arbitrales o judiciales en curso. De hecho, estas medidas no serán de aplicación cuando exista el derecho a percibir una indemnización como consecuencia de una sentencia firme o un laudo arbitral definitivo, o se mantengan abiertos los procesos arbitrales o judiciales en curso, salvo que se acredite renuncia fehaciente a la percepción de dicha compensación, continuación o reinicio de dichos procesos.
Actualiza el valor de la rentabilidad razonable
Por otro lado, el nuevo texto normativo actualiza con carácter general el valor de la rentabilidad razonable que se aplicará a las instalaciones de energía renovable, cogeneración y residuos en el periodo 2020-2025, que será del 7,09% frente al 7,39% actual de media.
El número de plantas que se vieron afectadas por la modificación de 2013 es de 64.000, según los datos aportados por la ministra, que se refirió también a los numerosos litigios y procesos arbitrales que los inversores entonces afectados -en su mayor parte internacionales- iniciaron y que han dado, o pueden dar lugar, al reconocimiento de compensaciones e indemnizaciones por parte del Estado.
El RD-ley también actualiza la tasa de retribución financiera de la producción de energía eléctrica con retribución adicional en los territorios no peninsulares (TNP). Entre 2020 y 2025, será del 5,58 %. Los últimos cinco años ha sido del 6,503 %. De nuevo, la medida y según el Gobierno, "acarreará menores costes en la factura de la luz, para todos los consumidores y para los Presupuestos Generales del Estado".
