El ministro de Justicia en funciones, Mariano Fernández Bermejo, ha criticado duramente la "intransigencia" mostrada por los seguidores de la huelga de funcionarios que se celebra desde el pasado 4 de febrero en aquellos órganos cuya gestión no ha sido transferida a las comunidades autónomas. Descartó de forma categórica que vaya a equipararse su salario con el que se cobra en dichos territorios y vinculó su eventual subida a que los funcionarios se comprometan a luchar contra "el absentismo" y la renovación tecnológica.
"La preocupación del Ministerio son los ciudadanos. Lamentamos profundamente lo que ocurre y pedimos disculpas por la parte que nos toca", afirmó Fernández Bermejo.
Afirmó que los paros tan sólo afectan a un 20 por ciento del total de la Administración de Justicia y advirtió a los huelguistas que, de continuar con su actual actitud pese al talante "negociador" del Ministerio no descarta un aumento de los servicios mínimos, así como la aplicación en bloque de los descuentos que corresponden en las nóminas por días de huelga realizados.
Fernández Bermejo compareció ante la prensa mientras cargos intermedios de su Ministerio mantenían una reunión con los secretarios de Gobierno de la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y los tribunales superiores de Justicia afectados por la huelga. En dicha reunión se trataba sobre el incumplimiento de los servicios mínimos registrado en algunos territorios y el diseño de planes de refuerzo que permitan volver a la normalidad una vez termine la protesta.
Según el ministro, "no es asumible" una equiparación de salarios con respecto a los funcionarios en aquellos órganos con competencias transferidas en materia de Justicia porque en las diferentes autonomías los pagos son diferentes, ya que dependen de diferentes circunstancias. En Cataluña, por ejemplo, priman la estabilidad y el aprendizaje de idiomas.
FUNCIONARIOS CUMPLIDORES.
En este sentido, afirmó que es legítimo que los funcionarios reclamen una subida salarial, pero ésta sólo puede justificarse en una mejora del servicio de cara a los ciudadanos. En este caso, si quieren mejorar sus salarios los funcionarios deben comprometerse en el aprendizaje de las nuevas tecnologías y "la lucha contra el absentismo". "Hay funcionarios cumplidores y otros menos cumplidores, y el Estado quiere que se mejore ese cumplimiento", añadió el ministro.
Sin embargo, insistió en que hasta el momento la única parte que ha pretendido "negociar" ha sido el Ministerio, mediante el ofrecimiento de diferentes ofertas. La última, respecto a la cual no se ha producido contestación alguna por parte de los sindicatos, supone 180 euros más en total. Se repartirían en 60 euros mensuales con efecto desde 1 de enero de este año, más una paga extraordinaria de 50 euros -ambas subidas con cargo a los Presupuestos de 2008- y el resto con cargo a las cuentas de 2009 a cobrar desde abril.
Frente a este continuo esfuerzo, según el ministro, los sindicatos que mantiene la huelga se muestran intransigentes e incluso, en el último documento que han hecho llegar al Ministerio, han eliminado del texto cualquier alusión al absentismo laboral.
DESCUENTOS.
Tampoco aceptará el Ministerio, por "ilegal", la petición de los sindicatos de anular los descuentos en los salarios que corresponden por los días de huelga realizados por cada funcionario. Esto, según Fernández Bermejo, vulneraría el Estatuto de Funcionarios Públicos, aunque en alguna ocasión lo haya hecho alguna comunidad autónoma. "Aquellas autonomías violaron la ley, y esto no lo puede hacer el Ministerio", apuntó.
Lo previsto es ir descontando por días de huelga de forma progresiva: 4 días en la nómina de marzo, 8 días en la de abril y así sucesivamente. No obstante, de proseguir la actual "intransigencia" por parte de los sindicatos, podría optarse por una reducción en bloque, tal y como prevé la Ley.
Además, y una vez termine la huelga y comiencen a aplicarse los plazos de refuerzo, el Ministerio pretende que éstos sean cumplidos por todos los funcionarios, y no sólo los que hicieron huelga, ya que lo contrario sería una especie de "subterfugio" para no descontar de los salarios por los días de huelga. Además, según Fernández Bermejo, "todos deben coadyuvar a ese empeño para sacar el atraso cuanto antes", algo que ha su juicio sólo precisará de unos meses.
SEGUIMIENTO Y EXPEDIENTES.
Según dijo el ministro, los últimos datos oficiales del seguimiento de la huelga, con fecha de 7 de marzo, hablan de 41.000 actos judiciales suspendidos. "Aunque se han celebrado otros 7.000, y de esto nadie habla", agregó.
Por lo que se refiere a los incumplimientos, de momento se han abierto dos expedientes disciplinarios en Cartagena (Murcia) por incumplimiento de servicios mínimos y otro a funcionarios de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo por supuestas amenazas e injurias a funcionarios que trabajaban. En Ciudad Real, Salamanca y Mérida (Badajoz) se investigan incumplimientos y también amenazas, aunque no hay datos suficientes, de momento, para incoar expedientes al respecto.
Además, el secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, se reunirá mañana con miembros Consejo General de Procuradores, y el ministro tiene previstos esta semana encuentros con los gerentes territoriales (provinciales) de Justicia y con el presidente de la Audiencia Nacional, Carlos Dívar, para tratar de los programas de recuperación a aplicar en cada lugar.
Con respecto a los sindicatos, el ministro señaló que "intervendrá" en la situación con ellos "cuando haya voluntad" de negociación.
