El presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, pidió ayer mayores competencias para estas dependencias judiciales y defendió la incorporación de tres nuevas grandes áreas de actuación, entre que las que figurarían aquellos delitos relacionados con la inmigración ilegal, en concreto el tráfico ilegal de personas llevado a cabo por redes organizadas.
Durante su participación en un desayuno informativo en Madrid, Gómez Bermúdez solicitó además que la Audiencia Nacional se ocupe de la delincuencia informática transnacional y de los delitos contra el patrimonio histórico.
Esta ampliación destacó, supondría la puesta en marcha de ajustes y limitaciones en las actuales competencias del órgano, principalmente en lo relativo a delitos de blanqueo de capitales, delincuencia económica y falsificación de moneda y tarjetas de crédito.
Según el presidente de la Sala de lo Penal, una vez aplicada la redefinición de áreas, los 23 magistrados que trabajan actualmente en la Audiencia Nacional –seis de ellos como jueces centrales de instrucción– tendrían la capacidad suficiente para perseguir los nuevos delitos sin necesidad de que se ampliara su número.
NUEVOS DELITOS DE TERRORISMO
El magistrado reivindicó también reformas en la tipificación del terrorismo y defendió la puesta en marcha de dos nuevos delitos: la difusión de propaganda y conocimientos terroristas y la financiación terrorista.
Explicó que el aumento de la amenaza yihadista en los últimos años ha provocado nuevas necesidades. Así, puso como ejemplo el uso de las nuevas tecnologías por parte de los terroristas islamistas. "Internet funciona como un campo de entrenamiento virtual", dijo.
El juez se refirió también a las demandas de mayor especialización de los magistrados de la Audiencia Nacional y destacó que, en su opinión, esta propuesta no generaría beneficios. A pesar de ello puso de manifiesto que en la actualidad cualquier magistrado que disponga de una experiencia de 8 años en la jurisdicción penal puede optar a una plaza en estas dependencias judiciales.
"Sería recomendable que existiera una especialización previa", defendió y abogó por la puesta en marcha de un curso de adaptación de los nuevos jueces de tres meses de duración una vez obtenida la plaza.
