El Gobierno ha aprobado este martes un anteproyecto de ley para la transposición de la directiva europea conocida como ‘Anti-SLAPP’, que «está destinada a proteger a quienes participan en el debate público, como los periodistas o los activistas, frente a demandas abusivas o manifiestamente infundadas».
Así lo ha comunicado el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha defendido que la norma pretende evitar «persecuciones judiciales, con demandas infundadas, con la finalidad de evitar que puedan desarrollar su tarea».
«Se trata de evitar conductas intimidatorias a periodistas y a activistas de derechos humanos que se materializan con la interposición infundada de demandas civiles abocadas a la desestimación pero que, por el camino, tratan de restringir, de limitar, de impedir la tarea de estos profesionales», ha declarado.
El ministro ha manifestado que, «afortunadamente en España, esto no sucede con demasiada frecuencia», pero existen «litigios transfronterizos», de ahí que lo que se pretende es que las asociaciones, organizaciones, sindicatos y otras entidades «puedan ser parte en procedimientos judiciales», junto con la persona demandada, «para apoyarle, cubrirle y acompañarle».
Y ha añadido que «se exigirán cauciones mucho más elevadas a los demandantes para cubrir las eventuales costas que dé lugar a la desestimación de la demanda».
Además, ha dicho que se establecen «procedimientos muy ágiles de desestimación temprana de la demanda cuando sea manifiestamente infundada», de tal manera que «en pocas semanas se pueda resolver».
Para la transposición de esta directiva, Bolaños ha explicado que pretenden aprobar una ley ordinaria «que modificará la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Cooperación Jurídica Internacional» y otra que modificará «la Ley Orgánica del Poder Judicial».
