Comisiones Obreras (CCOO) ha afeado al Ministerio de Justicia que convoque para mañana miércoles 10 de enero la mesa sectorial y no incluya en el orden del día la negociación salarial que tienen pendiente con los sindicatos que representan a los funcionarios de esta Administración.
Así lo ha denunciado en un comunicado en el que exige que se modifique dicho orden del día para poder negociar «con carácter inmediato y preferente» todas las reivindicaciones que provocaron la huelga de los funcionarios de la Administración de Justicia entre abril y julio del año pasado.
En este sentido, CCOO ha reclamado al Ministerio que dirige Félix Bolaños que cumpla con el compromiso que adoptó en el Congreso de los Diputados de negociar la subida salarial de unos 450 euros brutos al mes que reclaman los sindicatos en línea con el incremento concedido a los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) en 2023.
En el marco de sus peticiones, incluyen también que se inicien las negociaciones de las futuras leyes de eficiencia que quedaron descartadas por la convocatoria anticipada de elecciones generales y el «desbloqueo y desarrollo inmediato de la carrera profesional».
Según ha precisado el sindicato, la convocatoria del Ministerio no contempla estos asuntos, sino otros dos puntos: la constitución de grupos de trabajo para analizar el impacto de las nuevas leyes de eficiencia y determinar el contenido reglamentario básico relativo al teletrabajo; y la calendarización de las reuniones de dichos grupos de trabajo.
Advierten de nuevas movilizaciones
Desde Comisiones han exigido a Justicia que les traslade una oferta económica para comenzar las negociaciones y han advertido de que si no se negocia ni se atienden sus demandas retomarán las movilizaciones.
El pasado 20 de diciembre, el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, se comprometió a «abrir la negociación» con los sindicatos de la administración de Justicia para zanjar el conflicto laboral con los 45.000 funcionarios del ramo, que fueron a la huelga en abril para reclamar mejoras, pero suspendieron la medida de fuerza en julio ante el horizonte electoral. Aquel compromiso tuvo lugar después de que Olmedo se reuniera con los representantes sindicales de CSIF, UGT, CCOO y STAJ.La subida que reclaman los funcionarios representaría unos 200 millones de euros, un incremento que quedaría por encima de los 46,7 millones de euros que supuso el incremento salarial a jueces y fiscales y de los 22,7 millones de euros destinados a los LAJ.
