El 30 de julio de 1976, con España dando los primeros pasos hacia la normalidad democrática y tan solo 27 días después de la llegada al Gobierno de Adolfo Suárez tras la dimisión de Carlos Arias Navarro, el nuevo Consejo de Ministros marcó sus prioridades y aprobó el Decreto-ley 10/1976 de Amnistía para olvidar «cualquier legado discriminatorio del pasado en la plena convivencia fraterna de los españoles».
Con esta nueva norma pudieron salir de prisión los condenados por delitos de intencionalidad política y de opinión —sin sangre—, por determinados delitos militares, así como los prófugos, desertores y las personas castigadas por infracciones administrativas.
La amnistía llegó ocho meses después de que el rey Juan Carlos I concediera, tras la muerte del dictador Francisco Franco, un indulto a presos comunes y políticos que afectó a unas 12.000 personas. Sin embargo, las prisiones continuaron llenas porque quedaron excluidos buena parte de los presos comunistas y el 90 % de los reos del nacionalismo vasco.
Así, el Consejo de Ministros se afanó por sacar adelante un decreto de amnistía con el objetivo de «establecer una democracia integradora como proceso de salida de un régimen autoritario», según ha explicado a Europa Press Rafael Arias-Salgado, exministro de los Gobiernos de Adolfo Suárez y Calvo-Sotelo, exsecretario general de UCD y presidente de la Fundación Transición Española.
Con esa primera norma, publicada en el BOE el 4 de agosto y en vigor desde el 24 de agosto de 1976, 287 personas salieron de prisión. Para Eduardo Ranz, abogado especialista en Memoria Democrática, el decreto llegó en un momento complejo, al seguir vigentes las Leyes Fundamentales del franquismo y no estar todavía constituidas las Cortes.
Además, Ranz recuerda otro de los riesgos que afrontaba el recién constituido Gobierno de Suárez: una posible involución militar, lo que hacía urgente aprobar la norma.
Primer paso hacia la reconciliación nacional
Rafael Arias-Salgado destaca el papel del decreto como el primer paso para sentar las bases de la «reconciliación nacional», concepto defendido por el Partido Comunista de España (PCE) desde 1956.
Según el exministro, toda la filosofía de la amnistía, tanto del decreto como de la posterior ley, respondía a la necesidad de construir un sistema político para todos los españoles, sin exclusiones.
En este sentido, la amnistía de julio de 1976 fue el paso previo para la legalización de los partidos políticos, culminada en febrero de 1977 —con la legalización del PCE en abril—, permitiendo equiparar a España con las democracias europeas.
Eduardo Ranz admite que pudo existir un cierto «cálculo político», pero considera que era imposible celebrar unas elecciones democráticas mientras numerosos dirigentes políticos permanecieran encarcelados.
¿Amnistía o indulto encubierto?
No todos los expertos comparten la misma interpretación. Javier Tébar, doctor en Historia y profesor de la Universidad de Barcelona, sostiene que el decreto fue en realidad «un indulto encubierto», apoyándose en las memorias de Alfonso Osorio, entonces vicepresidente del Gobierno.
Según Tébar, el propio Osorio relata que Suárez comentó: «Vamos a llamarle amnistía, pero en realidad lo que vamos a hacer es un indulto», recordando que ambas figuras jurídicas tienen efectos distintos.
El historiador sostiene que aquella norma incorporó rasgos propios del indulto, ya que posteriormente algunas personas volvieron a ser detenidas, procesadas y condenadas por hechos previamente amnistiados.
Frente a esta interpretación, Arias-Salgado defiende que el Decreto-ley era la única opción jurídicamente posible en aquel momento, al no haberse iniciado todavía el proceso constituyente.
En cualquier caso, los expertos coinciden en que existía una amplia voluntad política y social de sacar adelante la medida. Prueba de ello fue que, apenas un año después, las primeras Cortes Constituyentes iniciaron la tramitación de la futura Ley de Amnistía.
La amnistía sindical quedó pendiente
A pesar del decreto, muchas personas permanecieron en prisión porque aún faltaba la denominada amnistía sindical.
Durante 1976 se produjo la conocida «cadena de huelgas», que terminó con cientos de trabajadores detenidos. Entre ellos figuraba el líder de CCOO, Marcelino Camacho, quien, tras beneficiarse del indulto de noviembre de 1975, volvió a ser detenido en varias ocasiones por su participación en movilizaciones laborales.
Solo en los primeros meses de 1976 se convocaron más de 17.000 paros. Para Javier Tébar, aquellas huelgas tenían un evidente componente político, por lo que resultaba difícil separar lo laboral de lo político.
El decreto fue posteriormente complementado mediante nuevos acuerdos y normas que ampliaron los supuestos de amnistía. Entre ellas figuró la aplicación limitada de la medida en el ámbito sindical y, posteriormente, su extensión a determinados funcionarios de la Administración local.
El origen de la Ley de Amnistía de 1977
De aquel decreto y de las normas que lo desarrollaron nació finalmente la Ley de Amnistía de 1977, una norma que, según Rafael Arias-Salgado, sigue plenamente vigente.
A su juicio, se trata de una ley fundacional del proceso de reconciliación nacional que culminó con la aprobación de la Constitución de 1978, por lo que considera que no puede modificarse ni rectificarse, aunque sí puedan aprobarse nuevas leyes de amnistía.
Como ejemplo cita la Ley Orgánica 1/2024, impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez para los implicados en el procés catalán.
Tras la Ley de Amnistía de 1977, durante los 50 años de democracia España ha aprobado otras medidas de gracia, especialmente en el ámbito fiscal, con antecedentes en 1984, 1991, 2012 y la amnistía vinculada al procés en 2024.
