En palabras de la Ministra de la Vivienda, Beatriz Corredor, “con esta iniciativa se quiere dinamizar, desde el sector público, la urbanización de suelo para viviendas protegidas, en un momento en que el frenazo del mercado inmobiliario podría conllevar un estrangulamiento en la construcción de Protección Oficial. Los tiempos de urbanización del suelo y la escasa transformación actual hacen necesario poner en marcha medidas complementarias para garantizar suelo en un futuro para la Vivienda de Protección Oficial”.
Una nueva medida desde el Ejecutivo contra la crisis se pone en marcha hoy. El Consejo de Administración de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) aprobó ayer las bases técnicas de la oferta que mañana se publican hoy mismo en el B.O.E. La medida quiere dinamizar, desde el sector público, la urbanización de suelo, para, de paso, evitar un estrangulamiento en la construcción futura de VPO.
Previamente, el Ministerio ha mantenido reuniones con Comunidades y Ciudades Autónomas, municipios y agentes sociales y económicos para explicar las bases de la oferta, dado que la Ley de Suelo, -la cual, aunque sea hablando de VPO, tiene que tener en cuenta el Estado- da amplios márgenes a la administración descentralizada.
La ministra de Vivienda ha presentado, además, el borrador del Real Decreto de Plan Estatal de Vivienda; y los objetivos, medidas y estrategias que incluirá el mismo para el periodo 2009-2012. "Las aportaciones que los agentes sociales puedan presentar, sin duda, contribuirán notablemente a la mejora del texto presentado por el Gobierno" ha asegurado Beatriz Corredor.
La materia, tras la derogación de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones se rige por la nueva Ley de Suelo Estatal (Ley 8/2007, de 28 de mayo, del Suelo). Las compras las llevará adelante el SEPES conforme a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
La oferta, que tendrá una duración de cuatro años, cuenta con un presupuesto de 300 millones de euros, a los que SEPES sumará otros 130 millones en la urbanización. Por otra parte, la construcción de las viviendas protegidas por los promotores públicos y privados que las ejecuten supondrá una inversión de unos 2.440 millones de euros. De ello se habló, tal y como referimos en Legal Today, en el debate de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.
