Francisco Caamaño ha expuesto en el Congreso la situación de la Justicia, planteando posibles soluciones.
El nuevo Ministro de Justicia ha comparecido hoy por primera vez ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, donde ha dado a conocer su plan de acción para los próximos tres años. En las primeras palabras de su discurso, Caamaño ha reconocido que la situación actual de la Justicia en España merece poca confianza a la sociedad, y que hay mucho por hacer. Su programa de trabajo incluye contar con la población civil a la hora de tomar medidas en el servicio público.
Según palabras del Ministro de Justicia, existen motivos para pensar que, en relación con la Justicia, hay cosas que no se han sabido hacer bien, pues, con independencia del signo político de los gobiernos, los españoles no han mejorado su valoración de la justicia; ni han apreciado, en términos generales, una mayor fiabilidad y eficacia en la prestación de ese servicio público esencial. En este mismo sentido se manifestó hace pocos días Carlos Dívar.
Según ha reflejado Caamaño en su discurso, últimamente se han acometido múltiples reformas procesales, se han incrementado de forma sistemática y progresiva los recursos presupuestarios dedicados a la Administración de Justicia, tanto por el Estado, como por las Comunidades Autónomas con competencias asumidas en esta materia.
Se han creado un gran número de nuevos juzgados y tribunales, con el consiguiente aumento de las plazas de fiscales, jueces, magistrados, secretarios y, en general, del personal al servicio de esa Administración. Se ha reformado los edificios y mejorado las instalaciones; se han perfeccionado registros y se ha invertido de manera muy significativa en la aplicación de las nuevas tecnologías de la comunicación a la gestión y tramitación de los asuntos.
Han sido treinta años de esfuerzo colectivo de reforma y modernización de la Justicia, que se ha intensificado de manera muy especial en los últimos años. Más concretamente, en los últimos cinco, el incremento medio del presupuesto de justicia ha sido del 10,4% respecto del año anterior, esto es, cada año se han aumentado los recursos en aproximadamente 200 millones de euros más de media. Y se han creado más de 1000 nuevas plazas de jueces. Sea como sea, en nivel de eficiencia y de satisfacción no ha sido coherente con los esfuerzos. El Ministro ha planteado, en este sentido, las siguientes medidas:
- Convocar 220 plazas para jueces y 150 para fiscales, cifras que se mantendrán en los próximos años. Asimismo, este año se convocarán otras 290 plazas para secretarios judiciales.
- Implantación definitiva de la nueva Oficina Judicial para racionalizar el trabajo en las sedes judiciales y ganar en eficacia.
- Mejorar el marco normativo de la conciliación familiar y laboral de quienes ejercen la función jurisdiccional.
- Apuesta por una Justicia titular y de calidad. Instaurar la nueva figura del juez de adscripción territorial y formular mecanismos que estimulen y favorezcan las sustituciones entre jueces, secretarios judiciales y fiscales titulares.
