Un profesor universitario bilbaíno fue abordado por dos agentes de la Ertzintza, de paisano y fuera de servicio, que le instaron a identificarse. Ante su negativa el sujeto fue requerido a acompañar a los policías a una comisaría para ser identificado.
En comisaría le fueron recabados sus datos y le fueron sacadas fotografías, siendo tramitada a continuación en su contra una denuncia que terminó en juicio de faltas. El proceso finalizó con la absolución del profesor por considerar el tribunal que los agentes ni se habían identificado como tales ni se encontraban de servicio, habiendo exigido sin causa alguna la identificación del ciudadano.
A finales del año 2000 una antigua alumna del profesor detenido y absuelto, acudió a una Comisaría de la Ertzaintza a interponer una denuncia por robo. Al serle mostradas fotografías para la identificación de los delincuentes, para su sorpresa, le fue exhibida la fotografía del profesor, siendo informada a continuación por el Agente que le atendía de que estaba fichado por "escándalo público y desobediencia a la autoridad".
El profesor, en noviembre de 2001, presentó escrito ante el Departamento de Interior del Gobierno Vasco, requiriendo la retirada de la fotografía que estaba siendo exhibida en Comisaría. Más adelante solicitó ante dicha Consejería una indemnización por los daños y perjuicios que le ocasionaba la improcedente permanencia y exhibición de sus datos en los archivos policiales.
La presente resolución del TSJ considera que se violaron los preceptos que regulan la recogida y tratamiento de datos de carácter personal con su inclusión en ficheros policiales. También valora la sala que la fotografía del profesor se encontrase inserta en el álbum de identificación de detenidos por acciones sensiblemente más graves que la que propiciaron su detención.
La Sala, por tanto, estima razonable evaluar el daño moral irrogado al profesor en la cifra de 20.000 €
