Los juzgados de lo social acumulan expedientes de difícil trámite, y dada la situación de crisis económica, y la tasa de paro y destrucción de empleo que vive el país; el Gobierno ha creado un plan de ayuda a esta jurisdicción. Los diecinueve partidos judiciales que más retraso acumulan recibirán el apoyo de treinta y cinco magistrados, además de secretarios judiciales y personal funcionario.
A propuesta del Ministro de Justicia, Francisco Caamaño, el Gobierno pondrá en marcha un Plan Preventivo de refuerzo para agilizar la carga de trabajo en los tribunales de la jurisdicción social. Permitirá, además, un ahorro grande al Estado en el pago por salarios de tramitación.
El personal que se pondrá manos a la obra no quedará adscrito a un único órgano judicial determinado, sino que se les asignará una determinada proporción de la carga de trabajo debida a procesos por despido. El plan tiene una duración inicial de seis meses, a partir del 1 de octubre de 2009, y una previsión económica aproximada de 950.000 euros, con posibilidad de prórroga según los resultados alcanzados.
Esta iniciativa cuenta con mecanismos propios de control y ajuste, que permitirán medir sus efectos y desviar actuaciones concretas hacia aquellos elementos cuya respuesta no se ajuste a las previsiones. En principio, con una media aproximada de 100 asuntos resueltos al mes por cada uno de los 35 jueces de refuerzo, podrían resolverse 3.500 asuntos. Así, sólo en los seis meses iniciales del Plan se podrán resolver unos 21.000 procesos, lo que supone el 42% de los procesos por despido registrados en el primer trimestre de este año.
Con esta medida, el Gobierno pretende ofrecer una respuesta ágil y efectiva, que permita reducir el número de procesos judiciales por despido en trámite y conseguir, en la medida de lo posible, que la tramitación del proceso no supere el plazo de sesenta días que genera la obligación del pago de salarios de tramitación por parte del Estado.
Salarios de tramitación
El notable incremento de la litigiosidad laboral y el progresivo aumento de las tasas de pendencia y congestión que estos tribunales vienen registrando en los últimos meses, han generado efectos colaterales como el aumento del gasto que supone el pago por el Estado de los citados salarios de tramitación.
Así, en el período 2002-2008, se han tramitado una media anual de 902 expedientes de pago de salarios de tramitación, con un importe medio anual de 5.514.513,5 euros. En los últimos cuatro años esa cifra ha superado los siete millones de euros en cada ejercicio.
El estudio comparado de los distintos órganos del orden jurisdiccional social ha permitido localizar algunos partidos judiciales donde esta situación produce singulares efectos. De este modo, se detecta que, en términos totales, el 75% de los expedientes de pago de salarios de tramitación se concentran en los Juzgados de lo Social de Barcelona, Las Palmas, Elche, Madrid, Sevilla, Málaga y Valencia. Si estos juzgados funcionaran según los valores medios nacionales del año 2008, el Estado se ahorraría más de dos millones y medio de euros anuales (un 45% del gasto medio anual por este concepto y más de un 30% del importe abonado en 2007).
