Carlos Carnicer solicita a los miembros de la mesa "que se encierren en una habitación, tiren la llave y no salgan hasta haber cerrado un acuerdo" Javier Hernández, de CCOO, afirma que "si nos hacen una oferta mínimamente razonable es posible poner fin al conflicto en 48 horas"
El presidente del CGAE y los decanos de los Colegios de Abogados de las comunidades autónomas que se han visto afectadas por la huelga de funcionarios de Justicia mantuvieron ayer por la tarde una reunión con los sindicatos de los funcionarios de Justicia: Javier Hernández (CCOO), Ana García (UGT), Juan Antonio Martín (CSI-CSIF) y María Luisa Díaz (STAJ). El encuentro empezó a gestarse a raíz de la entrevista que mantuvo Carlos Carnicer con el secretario de Estado del Ministerio de Justicia, Julio Pérez Hernández, el 16 de marzo.
Carnicer, en rueda de prensa que se llevó a cabo una vez finalizada la reunión, reiteró que el Consejo General de la Abogacía se encuentra totalmente comprometido con la búsqueda de una solución a la huelga, apelando al Ministerio de Justicia para que "convoque con urgencia la mesa de negociación, se encierren en una habitación, tiren la llave y no salgan hasta haber cerrado un acuerdo satisfactorio". El Presidente del CGAE se manifestó sumamente preocupado por el estado "de muchos compañeros, seriamente afectados por esta situación". Una vez más, Carnicer apeló al diálogo y a la negociación como instrumentos imprescindibles para limar las asperezas entre las partes.
Tras la reunión, el presidente del CGAE afirmó que tanto la reunión con el secretario de Estado de Justicia como la del día de ayer se enmarcan dentro del intento de explicarle a la abogacía los alcances de la crisis, sus causas y probables soluciones. Asimismo, Carnicer sostuvo que "los decanos de los Colegios de Abogados que hoy se encuentran reunidos con los sindicatos y que también se reunieron con el secretario de Estado de Justicia, han transmitido a ambas partes su grave preocupación por los efectos de la huelga y van a transmitir a sus compañeros y compañeras lo que está pasando".
Por su parte, los representantes sindicales se mostraron favorables a una solución de consenso. Javier Hernández (CCOO) sostuvo, por ejemplo, que "si el Ministerio convoca la Mesa de Negociación, acude a ella el ministro o el secretario de Estado y hacen una oferta mínimamente razonable, aunque no cumpla con todas nuestras reivindicaciones, es posible poner fin al conflicto en 48 horas". Pese a ello, no dudaron en señalar que la huelga es el fruto de más de un año de intentar dialogar con el ministro y con el secretario de Estado, los cuales, según los sindicatos, no han atendido a sus demandas.
Pese a que los sindicatos pretenden equiparar sus retribuciones con los funcionarios de las comunidades con competencias de Justicia transferidas, no se solicita una equiparación real -que para los huelguistas sería de 400 euros-, sino que se pide un aumento de 200 euros a cobrar ya en 2008, monto asumible -según los sindicatos- por el Ministerio. Por su parte, el Estado ofrece 180 euros a pagar en dos años. Para los sindicatos, con esta postura, el Ministerio no quiere aceptar una equiparación salarial porque su criterio es que ello crearía un mal precedente para otras administraciones públicas.
Además, en lo que respecta a la implantación de una nueva Oficina Judicial, los sindicatos manifestaron que ello se aprobó hace cinco años y debía estar ya en funcionamiento. Asimismo, puntualizaron que la Oficina Judicial queda al margen de las reivindicaciones de la huelga, ya que para tal efecto sería necesaria una nueva negociación, debido a que ello implicaría movilidad y nuevos puestos de trabajo con diversas condiciones que tendrían que negociarse antes de su puesta en marcha.
En lo referente al absentismo y al cumplimiento de los horarios de trabajo, otro de los grandes argumentos esgrimidos por el Ministerio, los sindicatos señalaron que nunca se han negado a cumplir un horario, puntualizando que son la Administración y los órganos judiciales los responsables de cumplirlos y hacerlos cumplir a todos y que no es competencia de los sindicatos desarrollar dichos sistemas.
Por otro lado, en lo referente a una supuesta negativa a utilizar la informatización en los juzgados y oficinas judiciales, o la aplicación de LexNet, los representantes de los sindicatos sostuvieron que aunque ellos están dispuestos a hacerlo, es el Ministerio el que debe capacitar adecuadamente a los funcionarios y que dicha capacitación o no se produce o se realiza de forma "deficiente".
Tras las denuncias de algunos decanos sobre el incumplimiento de los servicios mínimos en sus ciudades, los representantes de los sindicatos afirmaron que dichos servicios se han impuesto, sin negociarse previamente. Pese a ello, aceptan que "las interpretaciones de cada uno puedan ser distintas", asegurando que no existe voluntad de incumplimiento y que los sindicatos han dado órdenes para que los servicios "se cumplan escrupulosamente".
Por su parte, Carlos Carnicer sostuvo que informaría al secretario de Estado de Justicia los posibles elementos convergentes entre ambas posiciones con el fin de que se llegue a un acuerdo viable a la mayor brevedad. Asimismo, el Presidente del CGAE señaló que requeriría al Ministerio la convocatoria urgente de la Mesa de negociación, instando a las partes interesadas a flexibilizar sus posturas para así terminar con una huelga que se ha convertido en una crisis inmanejable que precisa de mediadores capaces y una buena dosis de sentido común.
