La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial estudia hoy la aprobación de una declaración institucional relativa al “caso Alakrana” en la que podría realizarse una defensa de la actuación de los jueces de la Audiencia Nacional en este asunto, en base al respeto a la independencia judicial. Piratas embarcados, traslados a España de ida y vuelta, exámenes médicos para averiguar la edad de Willy, barcos con bandera de las Islas Seychelles que en realidad son españoles, mujeres e hijas coraje, políticos pidiendo silencio –que todo se oye, y se incorpora a la mesa de negociaciones somalí-, un abogado que nadie sabe quién le paga y…jueces en cuestión. Todo esto, que podría ser una comedia de enredo, tendría gracia si no hubiese vidas en peligro y familiares con el corazón en un puño.
El secuestro en aguas de Somalia del pesquero Alakrana está generando conflictos a varios niveles, sobre todo políticos, pero hay uno, judicial, que es el que aquí más interesa y el que puede desacreditar profundamente la ya castigada Audiencia Nacional.
Después de trasladar a España a dos de los piratas sin que la base legal estuviese aclarada, y generar ello la amenaza de muerte de varios pescadores, la Audiencia Nacional está trabajando para centrar la situación procesal de Cabdiwelli Cabdullahi, alias "Abdu Willy", y de Raageggesey Hassan Haji. Las vías que se plantean serían o la cesión de jurisdicción a Kenia o la retirada de los cargos que pesan sobre los corsarios, trámite que únicamente podría realizar la Fiscalía.
Todo ello, tras declarar la Sala de lo Penal de la AN su competencia, al tratarse de los presuntos autores de un acto de violencia ocurrido "a bordo de un buque español" – que se corresponde con delitos recogidos por el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima y la Convención sobre el Derecho del Mar. Pero, barco español, no es.
Los piratas se encuentran en prisión, a la espera de su suerte, en un marco en que la Fiscalía ha solicitado cárcel por 36 delitos de detención ilegal y otro de robo con violencia y uso de armas. La aparición de un abogado, Francisco Javier Díaz Aparicio, que nadie sabe oficialmente quién paga sus servicios, añade un tinte aún más retorcido a la historia.
Díaz Aparicio tratará de que, aplicando la Ley de Extranjería, se pueda proceder a la expulsión en tres días, lo cual tranquilizaría la situación en el barco pesquero, dado que las amenazas de muerte a los tripulantes comenzaron con la detención de los piratas.
El Consejo General del Poder Judicial salta a la palestra
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial estudiará hoy la aprobación de una declaración institucional relativa al "caso Alakrana" en la que podría realizarse una defensa de la actuación de los jueces de la Audiencia Nacional en este asunto, en base al respeto a la independencia judicial. Estaría también previsto incluir un mensaje de solidaridad con los familiares de los marineros secuestrados en aguas del Índico.
Durante el día de ayer circuló por el consejo un borrador de esta declaración, según informa Europa Press, si bien el texto todavía no es definitivo y será sometido a debate en la Comisión Permanente que se celebrará hoy que, en este asunto, actuará en delegación del Pleno, que es el que normalmente realiza las declaraciones de carácter institucional.
