- Requiere a las comunidades autónomas con competencias transferidas que también adopten las medidas necesarias
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha pedido al Ministerio de Justicia, Presidencia y Relaciones por las Cortes que adopte medidas para evitar las «carencias» de los juzgados antes de la implementación de los tribunales de instancia, cuya tercera y última fase se prevé que comience el próximo 1 de enero.
Así lo ha comunicado el CGPJ en una nota de prensa, en la que recoge la «preocupación» de los decanos de los seis principales partidos judiciales de España y la traslada al Ministerio y a las comunidades autónomas con competencias transferidas de Justicia, al tiempo que les requiere que tomen medidas para evitar el extravío de expedientes judiciales y demoras en su tramitación para «garantizar la continuidad y el buen funcionamiento del servicio y con el fin de evitar perjuicios a la ciudadanía».
En concreto, el órgano de gobierno de los jueces reclama a las administraciones responsables de las oficinas judiciales que «los procedimientos y causas pendientes –de los que seguirán conociendo los titulares de los antiguos juzgados una vez instalados en su nueva plaza del tribunal de instancia– estén identificados y listados, de forma que su itinerario hasta la nueva oficina judicial pueda ser trazado con seguridad, lo que evitaría la pérdida de expedientes».
Asimismo, solicita a dichas administraciones que el sistema de tramitación de los procedimientos y causas pendientes haya quedado «perfectamente definido antes de la constitución del tribunal de instancia para evitar paralizaciones que quebrantarían el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas«.
«Es decir, solicita que de forma previa haya quedado claro respecto de cada una de esas causas o procedimientos si va a seguir siendo responsabilidad del funcionario que se encargaba de su tramitación en el juzgado entes de la transformación o si, por el contrario, va a pasar al ‘pool’ del servicio común, equipo o área correspondiente en la oficina judicial del tribunal de instancia», precisa el órgano.
Los decanos señalan las «carencias» del plan
El CGPJ actúa a instancias de los decanos de Madrid, Valencia, Barcelona, Sevilla, Alicante y Palma de Mallorca, que señalan las «carencias» y la «falta de preparación» que han detectado para la implementación de los tribunales de instancia, al tiempo que advierten de que dichas «carencias» «pueden lastrar esta fase final de la implantación de los tribunales de instancia».
En concreto, los decanos han apuntado que existe una «dispersión de sedes», lo que puede «dificultar las relaciones» entre jueces y funcionarios. También han subrayado la «falta de digitalización», previendo el «riesgo de pérdida» de los expedientes originales en los juzgados donde no exista el expediente digital.
Asimismo, han manifestado su malestar con la «demora en el nombramiento de los letrados directores», lo que, según ellos, «ha privado a muchos decanos del interlocutor necesario para coordinar la constitución de los tribunales de instancia».
Por último, han remarcado la «falta de aprobación de algunas relaciones de puestos de trabajo o de culminación de los procedimientos de consolidación de funcionarios y excesivo número de funcionarios interinos, que no tienen la formación necesaria y dificulta el desempeño de sus funciones».
Los decanos han señalado que estas «carencias detectadas» podrían tener «un impacto en los ciudadanos», y por ello han solicitado al CGPJ que inste a las administraciones prestacionales a aplicar «una moratoria en la tercera fase de implantación de los tribunales de instancia por un periodo de seis meses».
El Consejo «coincide parcialmente con las inquietudes manifestadas por los decanos». Por ello, han manifestado su voluntad de asistir a la Conferencia Sectorial de Administración de Justicia prevista para finales de diciembre.
«Mayor agilidad procesal»
La implementación de estos tribunales de instancia se enmarca dentro de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, aprobada en enero.
El Ministerio de Justicia, el pasado 30 de junio –día en el que se pusieron en marcha los primeros 315 tribunales de instancia y 4.818 oficinas de Justicia–, explicó en una nota de prensa que «la nueva estructura judicial transforma 3.900 juzgados unipersonales en 431 tribunales de instancia organizados por jurisdicciones y secciones especializadas, lo que permite una mejor gestión de los recursos humanos, mayor agilidad procesal, más capacidad de respuesta ante aumentos de carga de trabajo y ahorro para las arcas públicas».
«Esto permite, por ejemplo, que en lugar de tener que crear un nuevo juzgado con su sede y plantilla completa, bastará con incorporar nuevas plazas judiciales dentro de un tribunal de instancia ya existente, lo que reduce de 400.000 a 86.000 euros el coste por cada nueva plaza de juez», apuntó.
Según los cálculos de Justicia, las comunidades autónomas con competencias transferidas lograrán un ahorro acumulado de 290 millones de euros en los próximos diez años. «Y para facilitar esta transformación, el Ministerio ha transferido más de 325 millones de euros procedentes de fondos europeos, a los que se suman 25 millones destinados a soluciones tecnológicas», desglosó.
