El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nombramiento de Concepción Campos Acuña como nueva presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en sustitución de José Luis Rodríguez Álvarez.
La decisión llega después de que su designación fuera refrendada por mayoría absoluta por la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso de los Diputados, tras haber sido propuesta por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública el pasado 24 de febrero.
Campos Acuña, que tendrá un mandato de cinco años, no renovable, ha manifestado que sus tres líneas de actuación serán «la actualización normativa y el refuerzo de la institución, la cooperación con otros órganos y entidades y el aprovechamiento responsable de la tecnología».
Además, ha afirmado que asumirá este compromiso «con absoluta independencia y objetividad, con lealtad a la ley y a la ciudadanía, con transparencia y con una dedicación plena a la institución y a los ciudadanos a los que sirve».
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, autoridad administrativa independiente de garantía en materia de acceso a la información pública y transparencia a nivel estatal, es un órgano «clave para el Estado de Derecho» y para «garantizar el derecho de acceso a la información, velar por el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y promover la cultura de transparencia en el sector público español».
Trayectoria
Doctora en Derecho ‘Cum Laude’ y Máster en Derecho de las Instituciones y Administraciones Públicas por la Universidad de Santiago de Compostela, Concepción Campos Acuña cuenta con más de 20 años de experiencia en la administración pública como secretaria de Administración Local, según informa el Ministerio.
Concepción Campos es experta en Gestión Pública y ha sido miembro del Consejo Asesor de Aranzadi LA LEY y presidenta de la Asociación de Mujeres en el Sector Público, cargos en los que ha cesado para asumir su nueva responsabilidad.
Hasta ahora se encontraba en situación de excedencia como consultora y profesora asociada de Derecho Administrativo de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona y desempeñaba el cargo de coordinadora del Grupo de Trabajo de “Integridad en la Contratación Pública” de la Red de entidades locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana de la FEMP, donde ha desarrollado distintos trabajos. Su último destino fue el Ayuntamiento de Vigo.
