El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto de creación de setenta unidades judiciales correspondientes a la programación de 2023, que conlleva, además, la adecuación de la planta judicial. Según informó el Gobierno, el objetivo es “canalizar el previsible incremento de la litigiosidad y adaptar la planta judicial a las necesidades existentes, para garantizar a la ciudadanía la efectividad de la protección judicial de sus derechos”.
En este real decreto se contemplan 36 nuevos juzgados y 33 plazas de magistrada/o en órganos colegiados conforme a las propuestas formuladas por las CCAA, así como una plaza de juez o jueza de Adscripción Territorial, que se asigna al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, para realizar funciones de refuerzo y sustituciones.
Especial mención merecen, además, las medidas adoptadas en este real decreto en materia de violencia de género, con la creación de nuevos juzgados exclusivos y la formalización de nuevas agrupaciones de juzgados en esta materia. El objetivo es extender la jurisdicción de los juzgados de violencia sobre la mujer a dos o más partidos judiciales, a fin de lograr un correcto equilibrio entre el mantenimiento de una proximidad razonable del juzgado respecto de las víctimas y la respuesta especializada que exige este tipo de procedimiento.
También se da respuesta “a la sobrecarga que soportan en la actualidad un número importante de juzgados que compatibilizan casos de violencia de género con los del resto del orden jurisdiccional penal”, en el marco del “cumplimiento de los acuerdos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género”.
En concreto, el real decreto determina ocho nuevas agrupaciones de partidos judiciales para el conocimiento de asuntos de violencia sobre la mujer en Andalucía, Canarias y Comunidad Foral de Navarra, así como la modificación de la agrupación del partido judicial de Valencia, que extiende su jurisdicción a los partidos judiciales de Quart de Poblet y de Mislata, como consecuencia de la creación y constitución del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 6 de Valencia en el real decreto aprobado.
En palabras del ministro Félix Bolaños, este aumento de la planta judicial “es una muestra del compromiso de este Gobierno con el servicio público de Justicia y un avance para seguir impulsando la necesaria transformación del sector en nuestro país. El impacto que la buena marcha de la Administración de Justicia tiene en la vida social y económica es indudable y estas medidas contribuyen a una activación económica eficaz y a la tutela efectiva de los derechos y libertades».
Protección a los deudores hipotecarios vulnerables
En otro orden de cosas, el Consejo de Ministros también aprobó un acuerdo por el que se amplía el marco preventivo para el alivio de los deudores hipotecarios en riesgo de vulnerabilidad. Se eleva el umbral de renta para poder acceder al Código de Buenas Prácticas para deudores en riesgo de vulnerabilidad. Este umbral aumenta de 3,5 a 4,5 veces el IPREM, lo que supone que podrán acceder hogares con una renta anual de hasta aproximadamente 38.000 euros. Asimismo, se amplía a 2024 la suspensión de todas las comisiones de amortización anticipada de créditos hipotecarios a tipo variable y la conversión a tipo fijo y se amplía la gratuidad a las conversiones de tipo variable a mixto. Por otro lado, una vez que finalice esta medida se extenderá el techo permanente del 0,05% que limita las comisiones aplicables a cambios de hipotecas de tipo variable a fijo, de forma que incluyan también los cambios a hipotecas a tipos mixtos.
