El Consejo de Ministros aprobó ayer destinar 1.307 millones de euros a la mejora y la modernización de la Formación Profesional (FP). La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, enmarcó esta decisión en el carácter estratégico de este ámbito, “que ha posibilitado que ahora más de 1,1 millones de jóvenes estén cursando FP”. Los 1.307 millones de euros se distribuyen en cinco transferencias a las comunidades autónomas.
En primer lugar, 25,7 millones permitirán la puesta en marcha de nuevas actividades para difundir la FP, por ejemplo, a través de estancias de profesores en centros de FP o en empresas y de programas de movilidad de los estudiantes, dentro y fuera de España.
Un segundo bloque contempla 29,3 millones de euros para centros de capacitación digital. Pilar Alegría explicó que en la actualidad están en marcha 1.047 centros de este tipo y que la nueva inversión plantea crear otros 314, que se sumarían a los 510 centros a cargo de las administraciones locales. En ellos se impartirá una formación básica de competencia digital a personas de algún colectivo en riesgo de exclusión, con bajo nivel de formación o mayores de 55 años, entre otras.
El Gobierno aprobó, en tercer lugar, una inversión de 273 millones de euros para varias acciones prioritarias: la evaluación y acreditación de las competencias adquiridas por más de 540.000 trabajadores y trabajadoras a lo largo de su trayectoria profesional; la puesta en marcha de 304 aulas de tecnología aplicada y de 444 aulas de emprendimiento, y la creación de 44.670 nuevas plazas en grupos bilingües.
Recualificación de trabajadores y desempleados
Una cuarta partida suma 111,5 millones de euros para acciones de cualificación y recualificación tantos de trabajadores como de desempleados. La ministra ha detallado que estas actividades formativas beneficiarán a unas 203.000 personas y estarán muy ligadas a los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), a sectores estratégicos como la robótica o los nuevos materiales y al ámbito de los cuidados.
Por último, el Ejecutivo ha repartido 867,2 millones de euros procedentes de la cuota que abonan las empresas y los empleados para acciones formativas.
Invertir en la Formación Profesional -afirmó Pilar Alegría- es «saldar una deuda con los jóvenes», que pueden acceder así a «un empleo estable, de calidad y bien remunerado», ayudar a que los trabajadores se puedan seguir formando de una manera permanente y más flexible y mejorar la competitividad del tejido productivo. «Hablar y apostar por la Formación Profesional es, en definitiva, hablar y apostar por el presente y el futuro de nuestro país», sostuvo.
