Tres años después del comienzo de la pandemia del COVID-19, el Consejo de Ministros declaró ayer el fin de la crisis sanitaria y de las medidas extraordinarias acordadas para abordar esa situación de emergencia. Se elimina, por tanto, la obligatoriedad del uso de la mascarilla en los espacios donde aún se exigía. La medida se encuentra ya en vigor tras la publicación en el BOE de hoy de la Orden SND/726/2023, de 4 de julio.
El acuerdo del Consejo de Ministros insta a la ciudadanía y a las autoridades sanitarias a mantener la cultura de responsabilidad adquirida en los últimos años y a seguir utilizando mascarillas y otras medidas higiénicas ante la presencia de síntomas de infección respiratoria.
Igualmente, en los centros sanitarios, la pandemia ha mostrado la necesidad de reforzar el uso de mascarilla en determinados contextos y situaciones, en particular:
- Por las personas sintomáticas cuando estén en espacios compartidos.
- Por los y las profesionales que atienden a casos sintomáticos.
- Por las personas que trabajan en UCIs y en Unidades con pacientes vulnerables siguiendo las recomendaciones de control de infección aconsejadas por los Servicios de Medicina Preventiva y Prevención de Riesgos Laborales.
- En las urgencias hospitalarias o de atención primaria, incluida la sala de espera.
En los centros residenciales de personas mayores y personas con discapacidad, aunque no se recomiende el uso universal de las mascarillas, se considera necesario tomar precauciones adicionales en caso de aparición de síntomas en trabajadores, residentes o visitantes, para evitar brotes.
En la rueda de prensa posterior a la reunión de la mesa interministerial, el titular de Sanidad, José Miñones, destacó que el inicio de la vacunación marcó «un antes y un después» en la pandemia. En España, el 93% de la población cuenta con una dosis completa tras administrarse más de 105 millones de vacunas. «Nuestro mensaje tiene que ser claro: las vacunas salvan vidas», dijo el ministro de Sanidad, que defendió que la estrategia de vacunación de España es un referente internacional. España se sitúa, además, entre los cinco primeros donantes de vacunas a otros países. Como prueba de que este compromiso sigue vigente, el ministro avanzó que una de las primeras iniciativas de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea va a ser una reunión técnica sobre vacunación el próximo 18 de julio.
Ayuda a las personas afectadas por la talidomida
Por otra parte, el Consejo de Ministros aprobó el decreto que regula las ayudas para las personas afectadas por la talidomida en España entre 1950 y 1985. Según el Ejecutivo, con esta medida, “se logra dar una respuesta a las víctimas tras décadas de reivindicaciones”.
El decreto, que ha sido publicado en el BOE de hoy, busca hacer justicia con los afectados en España y regula para ello una serie de ayudas económicas. En total, y tras la evaluación de más de 600 casos por parte del Instituto Carlos III de Madrid, las recibirán 130 personas.
El importe que podrán recibir los afectados varía en función del grado de discapacidad contraído como consecuencia de la exposición al medicamento. Por ejemplo, y para una persona con un 33 % de discapacidad, ascenderá a 396.000 euros en un pago único (a razón de 12.000 euros por cada punto, como se estableció en una disposición adicional de los Presupuestos Generales del Estado de 2018).
Las ayudas podrán solicitarse desde la publicación del real decreto en el BOE y su gestión correrá a cargo del IMSERSO, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales.
Hasta la fecha, sólo 24 víctimas habían recibido ayudas. Al respecto, los intentos previos de reparar a las víctimas se han enfrentado a serios problemas para establecer la relación de afectados por la talidomida.
En este sentido, para determinar las ayudas que ahora se aprueban se han realizado más de 600 análisis complejos. En el proceso, genetistas del Sistema Nacional de Salud han diseñado un panel de genes único en el mundo.
