El Consejo de Ministros aprobó ayer el Proyecto de Ley de Empleo, una norma marco de las políticas públicas de empleo que, según el Ejecutivo, “permitirá que las personas trabajadoras puedan disponer de nuevas y más eficaces herramientas para mejorar la orientación y el acompañamiento tanto para la búsqueda de empleo como para mejorar su empleabilidad”. La norma, cuyo Anteproyecto fue aprobado el pasado mes de diciembre, será ahora remitida a Las Cortes para su tramitación parlamentaria. El Gobierno también aprobó en materia de empleo la primera Estrategia Nacional de Impulso del Trabajo Autónomo y la creación de la Agencia Estatal de Empleo.
La futura normativa da cumplimiento reforma 5 del componente 23 de modernización de políticas activas de empleo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y operará bajo los principios rectores de no discriminación en el acceso y consolidación del empleo, transparencia y eficiencia en el diseño y ejecución.
En palabras de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, es una norma transversal, que mejora la formación y la cualificación de los asalariados y su posición de partida en las empresas: «La mirada no es para las personas que están en desempleo, sino para el conjunto de la población asalariada», dijo.
La ley dotará a las políticas activas de empleo de una dimensión local, estableciendo nuevas fórmulas de colaboración con las administraciones locales. En este sentido, la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales podrá formular acuerdos y recomendaciones específicas para atender las necesidades concretas en cada territorio. Igualmente, se aumenta el plazo para que las comunidades autónomas ejecuten el gasto en materia de políticas activas de empleo que dispondrán a partir de ahora hasta el 31 de marzo.
También que se amplían los colectivos de atención prioritaria que incluyen, ahora, personas con capacidad intelectual límite, personas con trastornos del espectro autista, personas LGTBI, víctimas de la violencia de género, personas en exclusión social, personas mayores de 45 años, personas migrantes, personas beneficiarias y solicitantes de protección internacional, mujeres víctimas de violencia de género, personas gitanas, o pertenecientes a otras minorías étnicas, o personas trabajadoras provenientes de sectores en reestructuración.
Acompañamiento personalizado y catálogo de servicios
El pilar de la nueva norma es el acompañamiento personalizado a las personas que tendrán garantizada una Cartera Común de Servicios. Se elaborará un perfil individualizado de la persona que recibirá tutorización individual y continuada y para la que se elaborará un itinerario personalizado. Cada usuario o usuaria tendrá un expediente laboral personalizado único y recibirá formación para el empleo. Estos servicios podrán prestarse presencialmente o de manera telemática.
Las usuarias y usuarios tendrán acceso a trabajos en cualquier territorio del Estado en igualdad de condiciones, y a la mejora de la empleabilidad y a la protección social durante la búsqueda de una ocupación.
Según el Ejecutivo, la transformación digital y modernización de los Servicios Públicos de Empleo hará posible diversificar los canales de prestación de los servicios del Sistema Nacional de Empleo, impulsando la accesibilidad continua y personalizada.
Las empresas también tendrán a su disposición un catálogo de servicios garantizados que permitirá la gestión de las ofertas de empleo presentadas a los servicios públicos de empleo, información y asesoramiento en la contratación, identificación de necesidades de formación y apoyo en los procesos de recolocación. Además, podrán recibir información y asesoramiento sobre las ofertas en el ámbito de la Unión Europea a través de la Red EURES.
Impulso del Trabajo Autónomo
Por otra parte, el Consejo de Ministros también aprobó ayer la primera Estrategia Nacional de Impulso del Trabajo Autónomo (ENDITA) 2022-2027, una iniciativa que engloba las líneas políticas de actuación en la materia que se van a desarrollar en los próximos cinco años.
Yolanda Díaz subrayó que se trabajará en la definición del concepto de trabajador autónomo, dado que, “a veces, es complejo delimitar qué es trabajo asalariado y qué trabajo autónomo”. Además, se abordará la representatividad de las asociaciones del sector, se equilibrará la protección social de las personas autónomas con la de las asalariadas y se estudiará la tributación de los autónomos para que esté vinculada a los ingresos reales.
La vicepresidenta añadió que la norma contempla asimismo la prevención de riesgos laborales, la conciliación y la economía de los cuidados.
Creación de la Agencia Estatal de Empleo, que sustituye al SEPE
También en materia de empleo, el actual organismo autónomo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se transformará en seis meses en la Agencia Española de Empleo, una entidad de carácter público digitalizada, modernizada y que tendrá carácter multidisciplinar.
La oficina contará con la unidad de análisis de datos, que planteará políticas públicas encaminadas a mejorar la empleabilidad, y con la unidad centralizada de datos que, utilizará el big data y la inteligencia artificial para extraer información estadística. Además, dispondrá de especialistas con nuevos perfiles laborales.
