● Las víctimas que quieran acogerse al sistema de reparación acordado por el Gobierno, la Iglesia y el Defensor del Pueblo podrán solicitarlo a partir de mañana
El Consejo de Ministros ha aprobado la creación de la Oficina para el Reconocimiento y la Reparación de los Abusos Sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica. Se trata de la unidad que, desde el 15 de abril, tramita las solicitudes de las víctimas que se quieran acoger al sistema de reparación acordado por el Gobierno, la Iglesia y el Defensor del Pueblo. Un sistema mixto pionero en el que la Iglesia asume su responsabilidad, así como las reparaciones, que podrán ser simbólicas, restaurativas o económicas.
En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el ministro Félix Bolaños destacó que se hacía realidad un derecho largamente esperado, que no borra el daño causado pero reconoce el sufrimiento de las víctimas de abusos y afirma el compromiso de las instituciones con la verdad, la justicia y la reparación.
Un mecanismo de reparación pionero
La nueva oficina, adscrita al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, recibe las solicitudes de reparación a través de su sede electrónica (www.mpr.gob.es), con todas las garantías de seguridad y privacidad. Además, ofrece orientación a las víctimas vía correo electrónico (reparacion.abusosIC@mpr.es) y por teléfono (91 837 22 95).
Las solicitudes recibidas se remiten a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, formada por especialistas y profesionales independientes, que es la responsable de elaborar la propuesta de reparación. Si las partes la aceptan, es definitiva y la Iglesia debe darle cumplimiento.
Si hubiese discrepancias, se convoca una Comisión Mixta con participación de todas las partes y las asociaciones de víctimas para tratar de llegar a un acuerdo. Si el consenso no fuese posible, el Defensor del Pueblo tiene la última palabra, reafirmando un principio esencial: la primacía de las instituciones del Estado en la tutela de los derechos de las víctimas.
Este mecanismo de reparación, fruto del acuerdo histórico que firmaron el Gobierno y la Iglesia el pasado 8 de enero, entró en funcionamiento el 15 de abril. Podrán acceder a él todas las víctimas que ya no pueden recurrir a la vía judicial, con independencia de que hayan recibido anteriormente o no algún tipo de compensación por parte de la Iglesia católica.
