El Gobierno ha vuelto a dar luz verde al anteproyecto de la Ley de Movilidad Sostenible, después de que la anterior tramitación legislativa decayera con el cambio de legislatura, comprometiéndose ahora a aprobarla definitivamente antes de que acabe 2024 tras las incorporaciones parlamentarias.
Como ya anunció con anterioridad el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, la ley se presenta igual que en su anterior tramitación, por lo que abarca la entrada de la competencia en algunas líneas de autobús, la creación de un Sistema Nacional de Movilidad Sostenible o la tasa que los ayuntamientos podrán crear para cobrar a los vehículos al entrar a los centros de las ciudades, entre otras actuaciones.
En la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Ministros de ayer que aprobó la tramitación, Puente explicó que esta ley persigue cuatro objetivos principales: reconocer la movilidad como un derecho, descarbonizar el transporte, aumentar la eficiencia del gasto público y digitalizar el sector.
De esta forma, su ambición es ahorrar hasta 8.000 millones de euros en gastos públicos en una década, así como aumentar la productividad de las empresas en un 3% en ese mismo periodo de tiempo.
«Se pretende que nuestro país, que ya es un referente en materia de infraestructuras, tenga una movilidad a la altura, donde el transporte garantice el acceso a derechos como el trabajo, el ocio o la salud, respetando las competencias del resto de administraciones y alcanzando el consenso necesario con los grupos parlamentarios».
El ministro también detalló que la elaboración de esta ley responde a tres razones: su carácter económico –la movilidad supone el 13 % del gasto de los hogares, 800.000 empleos y más del 5% del PIB–, la necesidad de declarar la movilidad como un derecho y la sostenibilidad y lucha contra el cambio climático.
El objetivo es aprobar el texto definitivo antes del 30 de diciembre de este año, fecha límite marcada en el marco de la entrega de los fondos europeos, un hito que está supeditado a la aprobación de esta ley.
La Ley excluye los peajes en las autovías
Óscar Puente, confirmó que el estudio para implementar peajes en las autovías ha quedado fuera de la Ley de Movilidad Sostenible que este martes ha comenzado su tramitación parlamentaria.
Según ha explicado en la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Ministros, el posible pago por uso que se comprometió con Bruselas ya se ha suprimido definitivamente de la ley a cambio de aumentar las inversiones en el transporte de mercancías por ferrocarril.
En concreto, el acuerdo alcanzado con la Unión Europea contempla tres premisas principales: desarrollar autopistas ferroviarias, bonificar los cánones que Adif cobra a los operadores durante 5 años y lanzar apoyos e incentivos al sector.
